La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afronta este jueves la segunda huelga general en seis años de gestión. El paro, convocado por el ala opositora del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), es en protesta por las políticas laborales del Gobierno, al que dos de las tres centrales del país exigen mejoras salariales por encima del 40% y un aumento del sueldo mínimo para pagar Ganancias, un impuesto sobre la renta que grava a los trabajadores que ganan más de 15.000 pesos mensuales (1.875 dólares).
Más allá del malestar existente en el movimiento obrero por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, devorado en estos dos últimos años por la inflación, la protesta no es ajena a las disputas dentro del peronismo por la sucesión de Fernández de Kirchner, quien debe abandonar el poder en diciembre del 2015. De hecho, el líder del ala opositora de la CGT, Hugo Moyano, fue aliado del kirchnerismo hasta hace dos años y hoy es uno de sus más feroces opositores.
"Que mañana (por este jueves) nadie diga que critico el derecho a huelga. Todos tienen derecho a hacer huelga, y está muy bien", ha dicho la presidenta antes de que las principales ciudades del país sientan el efecto de la ausencia del transporte público, los trenes y el metro. Los pilotos de avión también se han sumado a la medida de fuerza. Las autoridades reconocen que debido a las dificultades para trasladarse, agravadas por los cortes de las carreteras que conectan a la capital con la periferia, anunciados por los grupos de izquierda, muchos argentinos se quedarán en sus hogares.
Discrepancias sobre el seguimiento del paro
"Es imposible medir el apoyo a la huelga si los trabajadores no pueden movilizarse", ha apuntado el jefe de ministros, Jorge Capitanich. "El resto de los trabajadores que no quieren adherirse no tienen colectivos, trenes ni metro", ha destacado.
"La gente no va a ir a trabajar porque tiene bronca, está enervada, porque está maltratada por el Gobierno, el paro va a ser masivo", ha augurado Moyano. Este, líder del sindicato de los conductores de camiones rompió con Cristina Fernández porque consideró que la presidenta le dificultaba sus aspiraciones presidenciales. Esos anhelos de ser el Luiz Inacio 'Lula' da Silva argentino han terminado por ser una quimera. Después de dos rotundos fracasos electorales, Moyano, que encabeza una de las tres centrales sindicales en las que se astilló el movimiento obrero, sigue siendo, no obstante un furibundo opositor y uno de los factores de desgaste del kirchnerismo.
"La huelga tendrá una adhesión de casi el 100%", ha pronosticado por su parte Luis Barrionuevo, al frente de otro de los sindicatos enfrentados con el Gobierno. Barrionuevo, que en 1990 le pedía a otro Gobierno peronista del cual era entusiasta simpatizante "dejar de robar por dos años", ya se ha posicionado en favor de Sergio Massa, el exkirchnerista que en octubre pasado se impuso en las elecciones legislativas y se perfila como uno de los presidenciables en el 2015.
Las tres facciones que dominan el movimiento obrero son peronistas. Solo una, el ala oficialista de la CGT, dirigida por el líder de los trabajadores metalúrgicos, Antonio Caló, se ha abstenido de sumarse a la protesta porque la considera "política".
Compleja situación económica
La huelga se produce en medio de un complejo cuadro económico. El Gobierno que juraba que nunca devaluaría la moneda, terminó haciéndolo para frenar la corrida del dólar y mejorar la competitividad de ciertos sectores económicos. La depreciación, entre enero del 2013 y 2014, fue del 62%, con su previsible impacto en el incremento del coste de la vida.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación del 2013 fue del 28%. Para este año augura siete puntos más. Los sindicatos que ya negociaron aumentos salariales pactaron mejoras del 30%, por debajo de las previsiones inflacionarias. En la caída del poder adquisitivo de los asalariados, el sindicalismo disidente encontró una razón inmajorable para volver a embestir contra la presidenta.
El Gobierno, además, ha anunciado un recorte de un 20% las subvenciones públicas de las tarifas de gas y agua potable en residencias y comercios. Pronto hará lo mismo con la energía eléctrica. Esas medidas afectan especialmente a la clase media y alta.
