Recuerdan el documental Bowling for Columbine de Michael Moore? Esta vez han sido 17 y no 12 los muertos. Se repiten las imágenes de dolor, el trauma de los supervivientes y las declaraciones vacías de los dirigentes. Nadie ha aprendido nada en estos casi 19 años entre Colombine y la matanza de la escuela Stoneman Douglas, en Parkland (Florida).
Sabemos lo esencial: la industria que fabrica armas tiene mucho peso en EEUU. Su lobby, la National Rifle Association (NRA), gasta diez veces más en donaciones a congresistas (los que aprueban las leyes) que los grupos que abogan por algún tipo de restricción.
Florida tiene una tasa de muertos por arma de fuego superior a la del resto del país. Quizá ayude la laxitud de sus leyes: no es necesario tener licencia ni presentar certificado alguno; tampoco está regulada la compra de los fusiles de asalto. Puede que sea casualidad pero el senador por Florida, Marco Rubio, es el segundo senador que recibe más donaciones de la NRA. El primero es John McCain, también republicano.
Este grupo de presión gasta millones en evitar restricciones al derecho constitucional a portar armas. De los 635 congresistas (535 representantes y 100 senadores), 319 han recibido dinero de la NRA. Casi la mayoría absoluta. Son datos publicados en octubre del 2017 en la web de Univisión. La industria de la muerte manda más que cualquier industria de la vida.
El arma usada por Nikolas Cruz, autor de esta última matanza, es el fusil de asalto AR-15 fabricado por Colt, que se ha apresurado a afirmar que el arma no tiene nada que ver. Es el mismo tipo de fusil empleado en las matanzas de Orlando, San Bernardino y Las Vegas, por mencionar algunas de las más recientes. El AR-15 está de moda: ha vendido más de nueve millones de unidades en EEUU. Para la NRA es un arma de caza. Este argumento parece un sarcasmo pues dispara cien balas por minuto.
Donald Trump ha vinculado la matanza con la salud mental del atacante. Es su mantra. Esta vez ha ido más lejos al responsabilizar a los vecinos por no advertir a las autoridades de que se trataba de un joven violento y peligroso. La claqué ultraconservadora que acompaña a Trump culpa al FBI. No olviden que los republicanos están en campaña activa para desprestigiar al FBI debido a la pista rusa que investiga el fiscal especial Robert Mueller.
Pocos políticos se atreven a denunciar la esencia del problema: más del 50% de las familias estadounidenses tienen armas en su casa, a menudo varias por hogar. Hay más armas que ciudadanos. Se trata de un derecho recogido en la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la autodefensa. Algo no debe funcionar en esta lógica de más armas, más seguridad cuando EEUU es el país occidental con más homicidios por millón de habitantes, casi 30. El segundo es Suiza con 7,7.
En lo que llevamos del 2018 han muerto más de 1.800 personas en EEUU a causa de las armas de fuego. Las masacres son la parte visible, pero hay asaltos cotidianos, robos y peleas entre pandillas. Muchas veces la policía es parte del problema y no la solución. Sabedores de que hay miles de armas de fuego en circulación, los agentes son de tiro fácil. No quieren correr riesgos. En lo que llevamos de año, 123 personas han perdido la vida a manos de la policía. En el 2017 fueron 978. En el mismo periodo en Alemania murieron siete.
Cae la alta capacidad
Los defensores de las armas y los que abogan por su control solo están de acuerdo en impedir el acceso a los enfermos mentales (89%). El porcentaje baja si se pregunta a los programas por la prohibición de los rifles de asalto (48% a favor) y de los cargadores de alta capacidad (44%).
La posición de la industria del sector es tan segura que celebró el pasado mes de enero una de sus grandes reuniones anuales en Las Vegas, a pocos kilómetros del lugar en el que uno de sus grandes clientes, Stephen Paddock, mató a 58 personas hace tres meses. Digo grandes clientes porque tenía 42 armas, 23 en la habitación del hotel desde el que disparó y 19 en casa.
La industria de las armas contraataca tras cada matanza. Airea que da empleo directo a 141.000 personas y a más de 300.000 si se suman los indirectos y los suministradores. A los supuestos beneficios económicos para el país vía impuestos habría que restarle los gastos sanitarios, los seguros y los funerales. Solo parece lucrativo para sus accionistas.
