Siete de las más ilustres líderes del movimiento prodemocrático hongkonés han sido declarados culpables este viernes por organizar una manifestación ilegal durante aquellos meses tormentosos que empujaron la excolonia al abismo. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, podría llevarlos a la cárcel hasta un máximo de cinco años. Es probable que salgan relativamente bien parados de este proceso pero su horizonte legal, con un maratón de casos en trámite, es tenebroso.
La nómina de condenados es rutilante. Está Jimmy Lai, magnate de la prensa y propietario del Apple Daily, un tabloide que se popularizó con cotilleos sobre celebridades y ejerce de martillo pilón contra Pekín y el gobierno local. Lai también está siendo juzgado por colusión con fuerzas extranjeras por sus frecuentes reuniones con Mike Pompeo, Mike Pence, John Bolton y otros halcones de la antigua Administración estadounidense. Está Martin Lee, octogenario abogado y exlegislador con décadas de lucha. Está Leung Kwok-hung, alias Pelo Largo, que ya perturbaba con sus tácticas de guerrilla y camisetas del Che Guevara la armonía parlamentaria cuando las reivindicaciones democráticas eran una excentricidad en Hong Kong. Está Lee Cheuk Yan, pertinaz organizador de vigilias para recordar Tiananmén. Están también Margaret Ng, Cyd Ho Sau-lan, Albert Ho Chunn-yan, Au-Nok-him y Leung Yiu-chung.
Un pequeño grupo de activistas, apenas un vestigio de las masivas concentraciones de 2019, esperaba esta mañana en los aledaños de la sede judicial de Kowloon Oeste con pancartas contra la "persecución política" y repitiendo el viejo lema de "cinco demandas, ni una menos". Lee Cheuk-yan prometió que continuarán la lucha antes de entrar.
La jueza aprecia "desafío a la ley"
El tribunal juzgaba la responsabilidad de los acusados en los hechos del 18 de agosto de 2019. El Gobierno había permitido una concentración en el Parque Victoria pero no la multitudinaria marcha posterior por los distritos centrales. Los acusados se han esforzado en describir al tribunal esa marcha como un simple plan de evacuación de la muchedumbre para compensar la falta de previsión policial. Era improbable que la argucia funcionara. A los acusados se les vio encabezando esa marcha/evacuación con pancartas y Pelo Largo conminó a los congregados a ser agua, una táctica habitual de las protestas consistente en desparramarse por la ciudad para dificultar el control policial.
La jueza Amanda Woodcock ha considerado que aquella procesión pública no buscaba dispersar las masas. Con esa descripción buscaban desafiar la ley y regatear la prohibición. Sus verdaderas intenciones fueron verbalizadas de forma pública y repetida durante los días previos, sostiene en una sentencia de 89 páginas.
Aquella marcha, planificada o no, fue paradójicamente una de las escasísimas pacíficas en aquellos meses de violencia desatada que hundieron Hong Kong en el caos. Las autoridades evitaron pacientemente la represión física, sin un solo muerto durante el año más fragoroso de la historia de la excolonia, pero Pekín ha enviado después a Hong Kong leyes para preservar la calma en las calles. Las protestas se acabaron tan pronto aprobó la Ley de Seguridad Nacional que castiga con largas penas los delitos de subversión, separatismo, terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras. Y esta semana fue aprobada la reforma de la ley electoral que dificulta el acceso al Parlamento de la oposición, desdeñada de antipatriota por unos y ensalzada como prodemócrata por otros. La ley modifica una arquitectura parlamentaria que, aunque lejos de los estándares occidentales, permitía margen para la disensión y era bastante más democrática que la dejada por los británicos. Los asientos otorgados por elección directa pasan de la mitad a poco menos de la cuarta parte y el Comité Electoral podrá descartar a los candidatos con un patriotismo más tibio.
