La pregunta recorre las redes sociales con tono de indignación y exaspera al Gobierno argentino porque lo asocian con las peores prácticas del pasado: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. El joven artesano desapareció a principios de agosto en la Patagonia durante la represión contra una protesta de una comunidad originaria, la mapuche, que reclama tierras en poder de la empresa italiana Benetton. Hace un mes que no se sabe nada de él y se teme lo peor. Los organismos defensores de derechos humanos hablan de “desaparición forzada”.
Las palabas traen consigo toda la carga trágica de los años de la última dictadura militar (1976-83). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una exsimpatizante de la guerrilla peronista durante esa década que viró a posiciones de derechas, se niega a reconocer que Maldonado fue “chupado” por la Gendarmería (policía fronteriza) y pide que no se politice un asunto tan sensible. Pero las sospechas arrecian, entre otras razones porque Guido Otranto, el mismo juez que ordenó reprimir a un grupo de mapuches con una saña llamativa, es el encargado de investigar lo que pasó en la austral provincia de Chubut. Para la fiscal Silvina Avila no hay duda: la de Santiago Maldonado es una “desaparición forzada”.
Ni militante ni activista
Sergio Maldonado asegura que su hermano no es militante ni activista. Tiene un ideario más cercano a lo que fue el movimiento hippie que se instaló en la ciudad patagónica de El Bolsón en los años setenta. Su simpatía hacia el reclamo de las tierras en manos de Benetton lo llevó a solidarizarse con la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). A sectores afines al Gobierno no se les ocurrió mejor idea que pintar a la minúscula RAM con los colores del demonio. La acusan de fomentar el terrorismo y llegaron a relacionarla con las FARC -sin tomar en cuenta que la insurgencia colombiana se disolvió- los radicales kurdos e incluso fanáticos islamistas. A su vez, las autoridades han abierto las puertas para extraditar a su líder Facundo Jones Huala a Chile, donde la protesta mapuche es más intensa y antigua.
La suerte corrida por el artesano ha dejado en suspenso el debate sobre la legitimidad de la RAM y su programa político. Todo tiene que ver, a estas horas, con la pregunta sin respuesta oficial: “¿dónde está?”. Ese interrogante no solo ha marcado tendencia en las redes sociales que los seguidores del presidente Mauricio Macri suelen manejar con eficacia política. Escritores, actores y músicos la han hecho suya. Hasta el entrenador de la selección de fútbol, Jorge Sapaoli. Pero lo que ha sacado de las casillas al entorno presidencial es que el debate sobre lo sucedido en el sur del país con el artesano llegara a las escuelas.
La filmación de un maestro que pasa lista a sus alumnos ha causado tanto furor como enojo del Gobierno. El profesor repite los nombres de los que asisten a clase. De repente dice: “¿Santiago Maldonado?”, y le informan que, naturalmente, no está en el aula, a lo que el docente responde: “claro, está desaparecido”. El Ministerio de Educación se ha quejado airadamente por el tratamiento del caso. El diario La Nación habla de “adoctrinamiento”. CETERA, el principal sindicato de maestros ha respondido sucintamente: “No queremos ni un desaparecido más”.
Ganar tiempo
Los medios de prensa sugieren a estas alturas que algún gendarme se “excedió” con el artesano y obligó a la fuerza a esconder su cuerpo mientras la ministra Bullrich trata de ganar tiempo. Hasta el momento, el presidente Mauricio Macri respalda sin dudar a su ministra, aun a pesar de un desliz que en otras circunstancias podría haberle costado el cargo. “Se quieren plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado”, dijo.
Hasta ahora no han aparecido pruebas que incriminen a la policía de fronteras. Pero las nonagenarias madres y abuelas que en los setenta buscaban sus hijos ya saben lo que eso significa: a ellas les decían lo mismo, y por eso este viernes vuelven a la Plaza de Mayo a pedir por el joven. No es el primer roce que el Gobierno tiene con los organismos humanitarios. Meses atrás, el Tribunal Supremo dictó un fallo que favorece la prisión domiciliaria a los militares que purgan prisión perpetua en cárceles comunes por haber cometido delitos de lesa humanidad. Una multitud salió a las calles para repudiar el dictamen y obligó al Gobierno a desistir de la iniciativa que había propiciado.
