Nuevos retrocesos en el juicio por la explosión del puerto de Beirut. El Tribunal de Casación del Líbano ha apartado este jueves al juez a cargo de la investigación. La moción para retirar a Fadi Sawan del caso fue presentada por dos de los exministros imputados, después de que el juez los acusara junto a otro exministro y al primer ministro en funciones, Hasán Diab. La remoción de Fadi Sawan constituye una burla a la justicia y es un insulto a las víctimas de la explosión y al pueblo del Líbano, ha denunciado Aya Mazjoub, de Human Rights Watch.
Para muchos libaneses, este giro en la investigación es un retorno a la casilla de salida. Más de seis meses después de la explosión que se cobró 211 vidas e hirió a 6.000 personas, el Líbano reacciona frustrado a la destitución de Sawan. A raíz de la solicitud basada en “sospechas legítimas”, el Tribunal de Casación ha decidido “sacar al juez Fadi Sawan de la investigación de la explosión del puerto de Beirut y asignar el caso a otro magistrado que será designado”, ha confirmado la Agencia Nacional de Noticias libanesa.
El pasado diciembre Sawan sorprendió al imputar al primer ministro en funciones, Hasán Diab, al exministro de Finanzas, Ali Hasán Khalil, y a los dos exministros de Asuntos Públicos, Ghazi Zeiter y Youssef Fenianos, por “negligencia”. Convocados a declarar el 14 de diciembre, los políticos se negaron a ser investigados alegando la inmunidad que les confiere ser diputados y exministros. Animados por el arropo político y comunitario a su negativa, Khalil y Zeiter interpusieron un recurso de apelación contra Sawan.
Promesas sin cumplir
Tras la explosión del pasado 4 de agosto por el almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin las medidas de seguridad adecuadas, se hicieron muchas promesas. El Gobierno libanés se comprometió a publicar los resultados de su investigación al cabo de cinco días. Es febrero, y aún no han llegado. Además, la clase política libanesa pone trabas a cualquier desarrollo de una investigación internacional para apuntar a los culpables de la tragedia.
“Más de seis meses después, volvemos al punto de partida”, ha tuiteado la investigadora sobre Líbano de Human Rights Watch, Aya Majzoub. Esta organización ya había denunciado previamente la posibilidad de interferencia política en la investigación. “Ahora, las ‘líneas rojas’ se han delimitado: no se puede acusar a políticos”, ha añadido. Tras la destitución de Sawan, se debe nombrar a otro juez encargado que debe ser aprobado por un consejo judicial superior. Tendrá que empezar la investigación de nuevo.
"Farsa"
Los acusados recriminan a Sawan que no imputara a todos los exministros y primeros ministros en el poder desde el 2013, cuando llegó la carga de nitrato de amonio al puerto. “Esta farsa debe terminar; necesitamos respuestas y el Líbano ha demostrado que es incapaz de proporcionarlas”, ha añadido Majzoub. El Líbano sigue sin gobierno seis meses después de la dimisión del Ejecutivo de Diab por la explosión. Saad Hariri, primer ministro designado, prometió en octubre que tardaría dos semanas en formar un gabinete de expertos independientes.
Desde las redes y las calles, la sociedad libanesa ha lamentado la falta de rendición de cuentas de sus políticos y la instrumentalización de la justicia en el país. Este jueves el Líbano se ha despertado con la peor caída de la libra desde julio. Las negociaciones estancadas para formar gobierno, la desescalada, el paulatino levantamiento de los subsidios por el Banco del Líbano y la falta de inyección de dólares han lanzado la libra a la caída en picado. Los libaneses no solo lamentan la ausencia de justicia en los tribunales, sino también sus bolsillos cada vez más vacíos.
