Estados Unidos sancionó al jefe de las Fuerzas Armadas birmanas, el general Aung Min Hlaing, y a otros tres líderes militares de Birmania por las ejecuciones extrajudiciales contra la minoría rohinyá en el país asiático.

Las sanciones son las más fuertes que ha tomado hasta ahora Estados Unidos como respuesta a lo que una comisión especial de la ONU definió el año pasado como crímenes contra la humanidad cometidos por soldados y grupos militantes contra los rohinyás.

"Con este anuncio, Estados Unidos se convierte en el primer gobierno que toma medidas públicamente contra los líderes de mayor rango en las Fuerzas Armadas birmanas", dijo el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, al anunciar las sanciones en un comunicado.

"Hemos designado a estos individuos basándonos en información creíble sobre la implicación de estos comandantes en violaciones graves de derechos humanos", incluidas "ejecuciones extrajudiciales en el norte del estado Rakáin, durante la limpieza étnica de los rohinyás", añadió Pompeo.

Las sanciones afectan al general Hlaing y también a su número dos, Soe Win; al general de brigada de la 33a División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99a División de Infantería, Than Oo.

Todos ellos, y su familia inmediata, tienen a partir de ahora prohibida la entrada en Estados Unidos, precisó Pompeo al explicar el efecto de las sanciones, que aparentemente no tienen un impacto financiero.

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su preocupación porque "el Gobierno birmano no ha tomado ninguna medida para que rindan cuentas los responsables de las violaciones de derechos humanos" y porque continúan "los informes de militares birmanos cometiendo abusos en todo el país".

Como ejemplo, Pompeo citó la reciente "revelación" de que el general Hlaing "ordenó la liberación de los soldados condenados por ejecuciones extrajudiciales en Inn Din", que apenas llevaban "meses en prisión, mientras que los periodistas que contaron esos asesinatos al mundo estuvieron encarcelados más de 500 días".

Más de 723.000 rohinyás han huido desde Rakáin hasta Bangladesh desde agosto de 2017 debido a una campaña militar del Ejército, que ha sido acusado de genocidio y limpieza étnica por la ONU.