Ocho años después de que el periodista estadounidense James Foley fuese capturado en Siria, su madre vio finalmente como su incansable odisea para que se haga justicia comenzaba a hacerse realidad. “Es un paso de gigante, pero es solo el comienzo”, dijo el pasado 7 de octubre Diane Foley en una entrevista a este diario, poco antes de que un juez federal de Virginia leyera los ocho cargos que se imputan a dos de los miembros de los 'Beatles', como se bautizó a la célula del Estado Islámico que decapitó brutalmente a su hijo y secuestró a una veintena de periodistas y cooperantes occidentales. Entre ellos, el reportero de este diario Marc Marginedas. El inicio del juicio culminó una larga negociación entre las autoridades estadounidenses y británicas para sentar en el banquillo a los responsables de aquellas atrocidades que encarnaron la barbarie televisada del extinto califato yihadista.
Alexanda Kotey y El Shafee el Sheikh se enfrentan ahora a una pena de cadena perpetua por secuestro, conspiración para el asesinato y otras acusaciones derivadas de su pertenencia a la organización terrorista. Su encausamiento es una victoria de la justicia civil, después de que Washington acabara desestimando su traslado a Guantánamo, donde acabaron muchos de los sospechosos de terrorismo detenidos por EEUU tras los atentados del 11-S. Esta vez sería diferente. Tras ser capturados en el 2018 por las fuerzas kurdas aliadas con Estados Unidos cuando trataban de huir a Turquía desde Siria, Washington se inclinó inicialmente por que fueran procesados en su país de origen, el Reino Unido, según publica ‘Associated Press’.
Intercambio de información
Sus autoridades habían amasado suficientes pruebas para encausarlos, pero dudaban de que sus tribunales fueran capaces de imponerles una pena acorde con sus crímenes. Unos crímenes que incluyen los asesinatos de Foley, el también periodista Steven Sotloff y los cooperantes Peter Kassig, de nacionalidad británica, y Kayla Muller, que habría sido además repetidamente violada por el líder del EI, Abu Bakr Al Bagdadi, según la acusación. Esas consideraciones convencieron a los estadounidenses de que debían ser juzgados en su país. Pero había un problema para que Londres siguiera cooperando con ellos: la pena de muerte en EE UU, que llevó a su Tribunal Supremo a suspender en marzo el intercambio de información para juzgar a los reos.
“La pena capital hubiera sido apropiada teniendo en cuenta la horrible naturaleza de los crímenes, pero para mí era más importante aportar justicia a las víctimas”, le ha dicho a AP el fiscal federal a cargo de la investigación en EEUU. Y fue así como la Administración Trump renunció a imponerles la pena de muerte, una postura que contó con el respaldo de las familias de las víctimas y propició que Londres volviera a cooperar con el procesamiento de Kotey y el Sheik. De los otros miembros del cuarteto, uno está muerto y el otro ha sido condenado a siete años de cárcel en Turquía.
