El martes, solo unas horas antes de que desde Estados Unidos fueran a colgarse en internet manuales accesibles en todo el mundo para imprimir armas en 3D imposibles de rastrear o de detectar con métodos tradicionales, un juez federal del estado de Washington frenó esa publicación alegando «la posibilidad de daño irreparable por la forma en que estas armas se pueden fabricar». La decisión del magistrado Robert Lasnik en un caso planteado por los fiscales generales de ocho estados y el Distrito de Columbia, todos demócratas, dio un respiro ante una amenaza que lleva al menos cinco años gestándose. Sin embargo, sigue abierta una compleja batalla legal, y política, de resultado incierto.

En esa batalla se combinan argumentos sobre la primera enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de expresión; y la segunda enmienda, que regula el derecho a tener armas. Queda también en evidencia, de nuevo, la lentitud de la ley para reaccionar ante avances tecnológicos. Y el hombre detrás de los manuales, Cody Wilson, ha prometido mantener la lucha. «Lo que estoy haciendo está legalmente protegido, apelaré, iré al Tribunal Supremo».

Wilson, un extremista que especialistas en grupos de odio vinculan a la derecha radical y al anarquismo, lleva cinco años en su guerra. En 2013, cuando tenía 25 años y tras realizar la primera prueba con éxito de un arma fabricada en plástico con una impresora 3D, colgó los planos de ese ingenio en Defcad.com, la web que mantiene su empresa, Defense Distributed. Una semana después la Administración de Obama, a través de una carta del Departamento de Estado, le instó a retirar los manuales, de los que en solo unos días se habían producido más de 100.000 descargas.Wilson lo hizo, pero no abandonó su empeño. En el 2015 demandó al Gobierno. Y el pasado 29 de junio, ya con Donald Trump en la presidencia, logró su victoria. El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con él por el que Defense Distributed no solo recibía permiso para publicar los manuales, que la Administración Obama había prohibido equiparándolos a la exportación ilegal de armas de fuego y que permiten a cualquiera crear armas sin registrarlas con el Gobierno, sin número de serie y fáciles de destruir sin dejar rastro. También le dieron 40.000 dólares para cubrir los costes legales. Ya el viernes pasado, los planos para construir una pistola bautizada Liberator estaban disponibles. Este miércoles iban a sumarse los de otras armas, incluyendo rifles de asalto AR-15 y AR-10s.

Cuando el juez Lasnik ordenó cerrar Defcad.com, convocó para el día 10 otra vista en la que decidirá si hace su orden permanente. Admitió que hay «serios temas sobre la primera enmienda» que deben ser resueltos. La intensidad del debate no solo va a ser legal y una vez más vuelven a agitarse las siempre revueltas aguas de combate político y social sobre la regulación de armas en EEUU. Trump ha dado señales contradictorias sobre su posición. El martes tuiteó que estaba estudiando el tema de «la venta al público de armas de plástico de 3D» y dijo que «no parece tener mucho sentido», aunque ha sido su Administración quien dio luz verde a la publicación de los manuales y quien insiste en que hay protecciones porque es ilegal fabricar o poseer un arma de fuego realizada en plástico.