Las limitaciones de la soberanía supuestamente plena que Estados Unidos va a traspasar a Irak el 30 de junio están creando ya tensiones entre Bagdad y Washington. Según publicó ayer The Washington Post , el Gobierno interino iraquí está resistiéndose a la petición de EEUU de que se conceda inmunidad a los civiles estadounidenses que trabajan en Irak a través de empresas privadas subcontratadas por Washington.

Dos de esas empresas estuvieron implicadas en las torturas de Abú Graib. Mientras que siete reservistas del Ejército se enfrentan a cargos por los abusos, los agentes privados de seguridad están libres, de momento, de cualquier acusación, tanto en Estados Unidos como en Irak. La intención de EEUU es igualar en la ley iraquí la situación legal de los agentes privados de seguridad a la de las tropas, cuya inmunidad han acordado las dos partes y está recogida en la resolución 1546 aprobada la semana pasada.

"Creemos que es demasiado y estamos estudiando el asunto", confirmó el portavoz del presidente interino, Ayad Alaui. En otra revelación sobre las torturas, ayer The New York Times publicó que varios militares especializados en interrogatorios enviaron en noviembre del 2003 informes internos sobre los abusos en Abú Graib a altos mandos. La cúpula militar dijo que no supo de las torturas hasta enero.