Los Gobiernos de América han expresado su preocupación por la "ruptura del orden democrático" en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento lo que algunos han calificado de "golpe de Estado".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha calificado la decisión del Supremo de"autogolpe de Estado". Almagro solicitó en un reciente informe la suspensión de Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes y 14 países americanos exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos".

Perú ha anunciado la retirada definitiva de su embajador en Venezuela. "Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela", ha dicho el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

El presidente del Senado de Colombia, Mauricio Lizcano, ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ha pedido al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que revalúe las relaciones con el país vecino.

Estados Unidos, por su lado, ha condenado la medida del Supremo venezolano y ha pedido "al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".

Brasil ha repudiado la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y ha dicho que mantendrá su política de examinar la "preocupante situación" conjuntamente con todos los países de la región "interesados".

Desde Argentina, el presidente Mauricio Macri, ha hecho un llamamiento a "recomponer el orden democrático" e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los "presos políticos".

"Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante", ha señalado el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien ha aclarado que lo ideal es que "los propios venezolanos resuelvan sus asuntos", pero "claramente esto va en la dirección opuesta".

El canciller mexicano, Luis Videgaray, ha asegurado que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y ha subrayado que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, "los que resuelvan los problemas".

El pasado martes, en una sesión en la OEA, 20 países emplazaron a la organización a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.