Estados Unidos intensifica la persecución de Julian Assange. Tras la imputación el mes pasado del fundador de Wikileaks con un único cargo de conspiración para cometer intrusión informática por su colaboración con Chelsea Manning para diseminar información clasificada, este jueves el Departamento de Justicia de la Administración de Donald Trump ha sumado 17 nuevos cargos por violar la Ley de Espionaje. El paso promete complicar políticamente la ya de por sí compleja petición de extradición de Assange desde el Reino Unido, en cuya embajada ecuatoriana pasó años refugiado y fue arrestado en abril pero, además, hace saltar las alarmas por el efecto que puede tener en la libertad de prensa y en las protecciones para quienes publican material clasificado.

El pliego de cargos acusa a Assange de animar constantemente a fuentes con acceso a información clasificada a robarla para publicarla en Wikileaks, una llamada a la que respondió Manning, que facilitó a la organización información sobre las guerras de Afganistán e Irak, Guantánamo y cables del Departamento de Estado. Assange, acusado de poner "en serio riesgo la seguridad nacional de EEUU para beneficio de nuestros adversarios", enfrenta una pena máxima de 175 años, 10 por cada cargo de espionaje y cinco por el de conspiración informática.

Alerta sobre la libertad de prensa

John Demers, el vicefiscal general para Seguridad Nacional, ha clarificado que Julian Assange no es un periodista para intentar calmar los temores sobre libertad de prensa pero la alerta se ha disparado inmediatamente. Aunque hasta ahora ningún periodista ha sido imputado bajo la Ley de Espionaje, que data de 1917 y se ha usado para perseguir a filtradores, muchos medios publican información clasificada como hizo Wikileaks. Y la Administración de Trump se ha decidido a dar un paso que no dio la de su predecesor, Barack Obama, que aunque intensificó la lucha contra las filtraciones estudió pero acabando descartando imputar a Assange bajo la ley de Espionaje por el efecto que podría tener en medios tradicionales.

Ya el mes pasado, ante la primera imputación, la Unión Americana de Libertades Civiles emitió un comunicado recordando que cualquier imputación de Assange por las operaciones de publicación de Wikileaks sería inconstitucional y sin precedentes y abriría la puerta a investigaciones penales de otras organizaciones periodísticas y en declaraciones a 'The Washington Post' Floyd Abrams, experto en la primera enmienda, planteó: Si Wikileaks violó la Ley de Espionaje al recopilar información de fuentes que no la pueden diseminar y luego publicarlas, entonces qué periódico estadounidense estaría libre de riesgo?.

En un artículo en 'The Guardian' el director ejecutivo de la Fundación de Libertad de Prensa, Trevor Timm, también recordó la trascendencia del contexto. Donald Trump ha estado furioso con filtradores y organizaciones de noticias que les publican desde que llegó al cargo, escribió. Se queja de ello constantemente en sus diatribas en Twitter. Ha ordenado repetidamente al Departamento de Justicia que detenga las filtraciones y hasta preguntó al exdirector del FBI James Comey si podía encarcelar a periodistas.