La ley de seguridad permite al primer ministro iraquí imponer el estado de excepción en todo el país o en zonas específicas durante 60 días, y prorrogarlo otros 30, si lo juzga necesario. Bajo estas condiciones, puede impedir que se lleven armas, restringir la libertad de movimiento y ordenar allanamientos en áreas selladas por las fuerzas policiales; congelar los bienes de sospechosos de conspiración, rebelión o asesinato y pedir el apoyo de las fuerzas ocupantes cuando sea necesario. Cualquiera que incumpla estas medidas puede ser condenado a tres años de cárcel.
