Dos años después de que el primero de más de 100 ayuntamientos y regiones de Polonia se declarara “zona libre de LGBTIQ”, el pleno del Parlamento Europeo ha contraatacado declarando al conjunto de la Unión Europea como “zona de libertad” para un colectivo que, aunque ha visto crecer su aceptación social en los últimos años, también se siente cada vez más discriminado.
“Las personas LGBTIQ en toda la UE deben disfrutar de la libertad de vivir y mostrar públicamente su orientación sexual e identidad de género sin temor a la intolerancia, la discriminación o la persecución, y las autoridades de todos los niveles de gobierno en toda la unión deben proteger y promover la igualdad y los derechos fundamentales de todos, incluidas las personas LGBTIQ”, reivindica la resolución que ha recibido 492 votos a favor, 141 en contra y 46 abstenciones.
Oposición de la extrema derecha (con Vox)
Entre los eurodiputados que se han opuesto figuran el grueso de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), empezando por la ultraderecha polaca y los eurodiputados de Vox, así como el grupo de Identidad y Democracia que aglutina a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, La lega de Matteo Salvini o a Alternativa por Alemania entre otros.
El texto alerta de la creciente discriminación en Polonia, con ataques y un discurso del odio promovido por autoridades y cargos públicos, incluido el presidente, así como medios afines al gobierno. La declaración también denuncia la detención de activistas y la prohibición de manifestaciones del orgullo gay y aboga por utilizar el reglamento aprobado recientemente para proteger el presupuesto europeo como castigo.
La resolución no se queda solo en Polonia. También alerta de los problemas en Hungría y menciona la resolución adoptada en la localidad de Nagykáta en noviembre de 2020, en la que prohibieron la “diseminación y promoción de la propaganda LGBTIQ” así como a la aprobación de enmiendas constitucionales para restringir aún más los derechos de las personas de este colectivo. Para combatir esta deriva, la Comisión Europea adoptó en noviembre pasado una estrategia que pretende garantizar seguridad e igualdad.
