ara sus promotores, la reforma de la ley electoral europea aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo reforzará la participación ciudadana. Para sus detractores, atenta contra la pluralidad democrática porque podría dejar fuera de juego a los partidos más pequeños. La nueva ley obligará a España y Alemania, los dos países con más de 35 eurodiputados en una circunscripción y que no disponen de umbrales en sus respectivas leyes electorales, a fijar un mínimo de entre el 2% y el 5% para poder obtener representación parlamentaria.

El porcentaje exacto dentro de esta horquilla lo decidirá cada país y será de aplicación obligatoria a partir del 2024. La reforma, que ha salido adelante con 397 votos a favor, 207 en contra y 62 abstenciones, ha generado fuertes críticas entre los partidos políticos españoles más pequeños. Y es que el nuevo criterio podría dejar fuera del hemiciclo en el futuro a algunas formaciones. Este es el caso de Compromís y Equo, cuya coalición Primavera Europea se quedó en los comicios del 2014 por debajo del umbral del 2% mientras que la formada por el BNG y Bildu superó ese límite pero por muy poco.

Críticas de ERC

“El Parlamento Europeo ha demostrado una vez más su incapacidad para solucionar el déficit democrático. Esta reforma, adoptada a favor de los grandes partidos tradicionales, constituirá un obstáculo para la profundización de la democracia, tanto en Europa como en el Estado español”, ha avisado el eurodiputado de ERC, Josep-Maria Terricabras, cuya coalición recibió un 4,01% de los votos.

Junto a ERC también han arremetido contra los cambios los representantes del PdCAT, Bildu, PNV, Compromis y BNG al entender que los cambios suponen un retroceso democrático porque podrían quedar fuera del Europarlamento partidos de gran tradición europeísta. A juicio del socialista Ramón Jauregui, en cambio, la reforma no lesiona el pluralismo y en España “con el 2% nadie se quedará fuera”.

Otras medidas

La reforma también introduce disposiciones para evitar que un ciudadano pueda votar dos veces mediante la imposición de penas “efectivas y realmente disuasorias”. Establece que las autoridades nacionales deberán designar organismos encargados de intercambiar información con otros países sobre ciudadanos que desean presentarse como candidatos o ejercer el derecho a voto en otro país de la UE y anima a tomar medidas para facilitar el voto anticipado por correo. Además, si la legislación nacional lo permite los estados podrán permitir a sus ciudadanos que residen fueran de la UE votar en las elecciones europeas.