El pleno del Parlamento Europeo reclamó hoy a la Comisión Europea que amplíe la edad de aplicación de la garantía juvenil, la principal herramienta impulsada por la Unión para atajar el paro juvenil, hasta los 30 años.
Los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría una resolución en que piden al Ejecutivo comunitario que introduzca normas mínima para la garantía juvenil -ahora responsabilidad última de los Gobiernos- para asegurar que se cumplen criterios como "salarios dignos para los jóvenes".
Asimismo, pidieron que la iniciativa "también abarque a los jóvenes de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, en caso de que los Estados miembros no respeten las recomendaciones sobre garantías juveniles".
Abogaron también porque los Estados miembros "establezcan o mejoren los sistemas de educación y de formación profesional" y sugirieron que se recurra, a escala europea, a "sistemas rompehielos" que permitan a jóvenes titulados adquirir experiencia profesional gracias a empresas que los contraten durante períodos de entre seis y doce meses.
Más allá, reclamaron que dado que se prevén unos cambios rápidos en los mercados laborales, "se imponen más que nunca unas inversiones sólidas en educación y formación".
Por otro lado, los eurodiputados reconocen en el informe "el papel de la familia como sistema de apoyo efectivo para los jóvenes afectados por el desempleo, la pobreza y la exclusión social".
En el debate previo a la resolución, este miércoles, eurodiputados del PSOE, IU, ICV y Podemos criticaron la aplicación por parte del Gobierno de la garantía juvenil europea.
El eurodiputado socialista Javier López denunció que "desgraciadamente en España creemos que se hará un uso fraudulento de los fondos usándolos en bonificaciones para la contratación pública. Algo que sabemos que no funciona".
Según López, "eso provoca despedir a los padres para contratar a los hijos con subvenciones (...) es absolutamente contraproducente".
El joven parlamentario del PSC pidió "respuestas de envergadura para el problema del paro juvenil" que está "obligando", señaló, a la "inmigración forzosa de toda una generación".
La garantía juvenil, con alrededor de 6.400 millones de euros de presupuesto, 1.800 para España por ser el país con peor dato (55 % de paro juvenil), prevé que tras cuatro meses de inactividad los menores de 25 años deban recibir una oferta formativa o laboral.
