La práctica de subrogar servicios se ha normalizado de tal manera que parece improbable dar con una situación novedosa. Hasta topar con una práctica que no impulsa una empresa, sino un conjunto de estados, y constatar que, esta vez, el objetivo no atiende a intereses económicos, sino geopolíticos. Lo sufren, sin ser conscientes, millones de personas que parten de sus países huyendo de la muerte y la barbarie. Lo constatan durante su tránsito por países desconocidos, aquellos que imaginaban como un mero trámite en su ansiado viaje a Europa pero que se convierten en un obstáculo mayúsculo, cuando no definitivo. La UE ha apostado por la sutil estrategia de externalizar la seguridad y el control fronterizo en países ajenos a su territorio, aliados que actúan como si los refugiados pretendieran asentarse en su propio territorio. Pero no. Ese intenso celo está incentivado por Europa, que alarga su sombra miles de kilómetros para evitar que la caravana de la desesperación alcance sus costas.

"La UE demuestra una obsesión cada vez mayor con los flujos migratorios desde que se firmara el acuerdo de Schengen [que suprimía las fronteras entre estados europeos e intensificaba el control respecto a terceros países]. Comporta un cambio de estrategia respecto a la inmigración, dejando en segundo plano el enfoque humanitario para abordarlo desde el punto de vista de la seguridad. Cada vez emplea más medios y personal militares para afrontarlo", describe Mark Akkerman, autor del informe Expandiendo la fortaleza, que describe las políticas de externalización de fronteras de la UE.

Una obstinación "provocada", que "no se puede atribuir a gente que ha perdido el norte", destaca Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que impulsa el informe junto al Transnational Institute y Stop Wapenhandel, la campaña holandesa contra el comercio de armas. "Se ha creado una narrativa para justificar la necesidad de destinar recursos para combatir la inmigración, cuando el auténtico reto no es defenderse de una amenaza irreal, sino garantizar una buena convivencia en los países de acogida. Esa perspectiva solo interesa a compañías de vigilancia, armamentísticas y auditorías de seguridad. Se abre un nicho de negocio que no existía anteriormente", revela Calvo. El análisis señala, entre otros, al gigante armamentístico francés Thales y la compañía Airbus, "grandes exportadores de armas" a países en conflicto; así como a empresas proveedoras de equipos biométricos y de identificación, como la alemana Veridos y la francesa OT Morpho.

ACELERACIÓN

El proceso se ha acelerado especialmente desde el 2011, cuando estalla la Primavera árabe y cunde el temor en Europa de que "aumente notablemente el número de refugiados", destaca Akkerman. "Ese año la UE adopta el Enfoque global de la migración y la movilidad, y se apuesta por la externalización del control, cuando antes la atención se centraba en el retorno de esas personas: lograr que terceros países colaboraran en las deportaciones emitidas desde Europa", subraya el miembro de Stop Wapenhandel. Una colaboración en la que destacan países como Turquía, Libia, Egipto, Sudán, Nigeria, Mali y Mauritania, apoyados no solo por la UE, sino en algún caso también por iniciativas estatales de Francia, Alemania, Italia o España.

El apoyo que brinda Europa a estos países abarca una amplísima gama de productos y servicios, tales como herramientas de vigilancia, vehículos y sistemas de identificación. Instrumentos que la mayoría de estados receptores utilizan como elementos de represión interna, dando pie al doble discurso de Bruselas. "Oficialmente, la UE sostiene que se deben evitar estas prácticas poco democráticas, pero luego ignora abusos flagrantes que avivan conflictos en terceros países. En su obsesión migratoria, legitima y fortalece las malas prácticas de regímenes autoritarios, sin abordar el auténtico problema: los motivos que empujan a la gente a migrar", explica Akkerman.

El informe señala a 35 países como colaboradores con la UE y su política de externalización, y considera a la mayoría de ellos como regímenes opresores o con numerosas deficiencias democráticas. Un caldo de cultivo que empeora las penosas condiciones en las que se desplazan los refugiados. "Hay un serio retroceso en materia de derechos humanos, no tienen derechos allá adonde van, incluso en algunos países como Libia hay mercados de esclavos", revela Calvo. Adversidades y riesgos añadidos que les llevan a emprender nuevas rutas, "más peligrosas" y controladas por mafias de personas, que empeoran notablemente su periplo. Aumenta así la mortalidad en los tránsitos migratorios.

Circunstancias que no cambiarán "mientras la UE siga concebida como una unión de estados y no de personas", expone Calvo. "Se precisa más democracia en Bruselas, y así seguirá mientras el Parlamento, el órgano que representa a los ciudadanos, tenga menos repercusión que los lobis, que desde la sombra ejercen una gran influencia sobre la Comisión y el Consejo Europeo".