El cerco de la corrupción se estrecha hasta casi ahogar al primer ministro israelí, Ariel Sharon. Según informó ayer el Canal 2 de la televisión israelí, la fiscal jefe del Estado, Edna Arbel, a cargo de la investigación del denominado caso de la isla griega, recomendó al fiscal general del Estado, Menachem Mazuz, que procese a Sharon por aceptar sobornos del empresario David Appel. Esta recomendación de Arbel crea una delicada situación para Sharon y pone en grave peligro su carrera política, a pesar de que el primer ministro ha dicho en repetidas ocasiones que no pensaba dimitir en caso de que se presentaran cargos contra él.
Arbel, según el canal de televisión, considera que tras meses de investigación --que incluyó dos interrogatorios policiales de varias horas al primer ministro-- hay suficiente base para acusar a Sharon de que se dejó sobornar. La patata caliente está ahora en el despacho de Mazuz, que será quien decida si sigue adelante con el proceso a partir de los informes de Arbel y de la policía.
Mejor parado de la investigación ha salido el número dos de Sharon, el ministro de Comercio, Ehud Olmert. El informe no recomienda que sea procesado, porque no hay suficientes pruebas, aunque no afirma que sea inocente del mismo cargo de aceptar sobornos de Appel.
EL HIJO IMPLICADO El empresario ya fue formalmente acusado el pasado enero de haber empleado con un sueldo millonario a un hijo del primer ministro, Gilad Sharon, y de colaborar en la candidatura de Sharon en las elecciones primarias del Likud en 1999, a cambio de favores políticos. Sharon es acusado de haber utilizado su posición como ministro de Exteriores para ayudar a Appel en un negocio de turismo inmobiliario en Grecia y en la adquisición de unas tierras cerca del aeropuerto de Ben Gurion. Las sospechas nacen a raíz de que Gilad cobró un sueldo de 700.000 dólares (560.000 euros, más de 93 millones de pesetas) como asesor de Appel sin tener experiencia en este tipo de negocios, así como de la activa participación del empresario en las primarias.
Sharon siempre ha negado haber tenido algún tipo de "conducta ilícita". Además de defender su inocencia, el primer ministro ha declarado que no dimitiría en caso de que la fiscalía inicie un proceso contra él. En una primera reacción, fuentes cercanas a Sharon dijeron que la recomendación no era "una sorpresa".
SITUACION DELICADA Sin embargo, la crisis política que se abre es muy delicada. Sharon tiene en contra a la opinión pública --el pasado enero una encuesta decía que el 64% de los israelís consideraban que debe dimitir si se demuestra su implicación en actos delictivos-- e incluso a miembros de su propio Gobierno.
Una moción de censura en el Parlamento puede reunir en estas circunstancias a extraños compañeros de viaje: a la oposición de izquierdas, que basaría su voto en contra en los casos de corrupción, y a la ultraderecha socia del Likud en el actual Gobierno de coalición, que se opone al plan de evacuación de los asentamientos de la franja de Gaza que ha anunciado Sharon.
