La fiscal de un tribunal de Milán pidió ayer ocho años de cárcel y la inhabilitación permanente para ejercer un cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de coacción a jueces. En un duro alegato, la fiscal Ilda Bocassini consideró que existen pruebas que demuestran que Berlusconi pagaba a través de su hólding Fininvest a dos magistrados para que favorecieran los intereses de su grupo empresarial.

En su petición, la fiscal subrayó la gravedad del delito, al afirmar que "la corrupción de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democrático". Bocassini solicitó una condena por "corrupción simple" y pidió la pena máxima prevista. Instó, además, al tribunal a no tener en cuenta circunstancias atenuantes debido al comportamiento del procesado, que nunca ha comparecido ante el tribunal. El veredicto se dará a conocer el próximo 3 de diciembre, informa France Presse.

La fiscal considera probados pagos desde Fininvest a los jueces Renato Squillante y Filippo Verde. En concreto, según la acusación, Berlusconi pagó a Squillante cierta suma de dinero para que impidiera la venta de la sociedad alimentaria pública SME a un empresario rival, Carlo de Benedetti. Squillante ya fue condenado a ocho años de cárcel por este caso, mientras que el entonces hombre de confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue sentenciado a cinco años de prisión por haber hecho de intermediario en el soborno.

CUENTAS EN SUIZA En su alegato, la fiscal se hizo eco de la existencia de documentos bancarios que, según aseguró, constituyen la prueba de que se realizó la transferencia de más de 431.000 dólares (334.000 euros, 55 millones de pesetas) de las cuentas de Fininvest en Suiza a las del entonces juez Squillante, también en el país helvético, por mediación de Previti. Fue una operación en la que estuvieron implicados "Berlusconi, Previti y Squillante", insistió la fiscal.

Desde que se inició el proceso judicial, Berlusconi hizo saber que no dimitirá de su cargo aunque sea condenado y que agotará todos los recursos a su alcance. "En cualquier país normal, Berlusconi dimitiría", manifestó el exjuez milanés Antonio di Pietro, que fue quien inició las investigaciones sobre la corrupción de la clase política en 1992. "Evidentemente, él no lo hará porque le falta el sentido de la ética y de la moral política", añadió el primer ministro italiano.