En un mensaje dirigido el pasado 9 de noviembre a las tropas francesas destacadas en Abu Dabi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró convencido de que la victoria de la coalición internacional sobre el autoproclamado Estado Islámico (EI) sería cuestión de meses. La amenaza yihadista, en cambio, no desaparecerá. Con el declive militar de la organización terrorista en Siria e Irak, muchos de los llamados combatientes extranjeros que sucumbieron a los cantos de sirena de la Yihad abandonan la zona de conflicto para regresar a sus países de origen.
Junto a Bélgica, Alemania y Reino Unido, Francia es el país europeo del que han salido más jóvenes para unirse a las filas del EI, unos 1.700 desde el año 2012, de los que se calcula que casi 700 están todavía en la zona de conflicto y unos 450 han muerto. Otros 300 han vuelto al Hexágono (178 hombres, 66 mujeres y 59 niños, en su mayoría menores de 12 años), según los datos que manejaba el Ministerio del Interior a principios de diciembre.
El fenómeno plantea un desafío colosal en términos de seguridad y múltiples dilemas con implicaciones políticas, jurídicas y sociales. ¿Qué hacer con los que vuelven? ¿Y con los que son capturados allí? ¿Pueden ser juzgados por tribunales sirios e iraquís o deben ser repatriados? ¿Qué pasa con las mujeres y los niños? El debate no ha hecho más que empezar.
Caso por caso
Las familias de los yihadistas franceses se han organizado y, a finales de octubre, una veintena reclamaron por carta a Macron la repatriación de sus hijas y de sus nietos. Pero la política del presidente es la de analizar “caso por caso” y dar prioridad a los juicios sobre el terreno cuando los franceses sean capturados en zonas sirias bajo control kurdo.
“Cuando vuelven a Francia, los adultos son llevados ante la justicia francesa, son encarcelados y juzgados. Los casos de las mujeres y los niños se examinarán uno por uno dependiendo del país y de las situaciones”, ha dicho el presidente. El asunto es de alto voltaje para el Gobierno de un país que no ha olvidado los sangrientos ataques de noviembre del 2015 cometidos por ciudadanos franceses que regresaron de Siria.
Transparencia
El abogado Martin Pradel lleva el caso de seis familiares de yihadistas que quieren verles de nuevo en Francia. El letrado es partidario de que vuelvan de manera transparente y no de forma clandestina.
“No se trata de decirles que son bienvenidos, sino que se les garantizará un juicio justo y que no habrá venganza contra ellos. Si vuelven de manera abierta resolveremos un problema de seguridad, que es el que plantean los que vienen de manera oculta”, explica Pradel a EL PERIÓDICO.
Sus clientes saben que serán considerados terroristas y que si deciden volver les espera la cárcel. La Administración penitenciaria, asfixiada por un alto índice de población reclusa, tendrá que hacer frente a los riesgos de propagación del radicalismo que florece en las prisiones.
Decepcionados, no arrepentidos
Mientras, los jueces advierten de que no hay que pecar de ingenuos porque quienes regresan lo hacen solo porque han visto frustradas las promesas del Estado Islámico y quieren “volver a su casa”. “No he percibido un verdadero arrepentimiento. Estamos frente a gente que está más decepcionada que arrepentida”, ha dicho el fiscal antiterrorista de París, François Molins.
Una visión que comparte el periodista experto en yihadismo David Thomson, premio Albert Londres por su libro ‘Les Revenants’ (Los que vuelven’). A su juicio, la amenaza es triple: “la de los que tienen formación militar y la misión de matar; la de los decepcionados, pero no arrepentidos, capaces de actuar solos, y la de los simpatizantes que se quedaron en Francia y comulgan con el discurso radical, a veces mucho más fanáticos que los que se fueron a Siria”.
“Un peligro resumido en el eslogan del EI tras perder la ciudad siria de Manbij. ‘Hemos perdido una batalla pero hemos ganado una generación que conoce a su enemigo’”, escribe Thomson, quien cree que las autoridades, desbordadas, “dan palos de ciego sin saber cómo gestionar esta población potencialmente muy peligrosa”.
Entre el 2011 y el 2016, unos 42.000 combatientes extranjeros de 120 países se unieron a las filas del Estado Islámico, entre ellos 5.000 europeos, según un informe presentado en julio pasado por la red europea Radicalisation Awareness Network (RAN), que calcula en un 30% el porcentaje de los que estarán de vuelta.
¿Y si son condenados a muerte?
Hace una semana, Irak condenó a muerte a una ciudadana alemana que se había unido a las filas del Estado Islámico, y en Francia los abogados defensores de las familias de los yihadistas no han tardado en alertar a Emmanuel Macron de que los franceses capturados por las fuerzas iraquís pueden correr la misma suerte si son juzgados allí.
Francia abolió la pena de muerte en 1981 y está a la vanguardia de los países que batallan para evitar la ejecución de sus ciudadanos en el extranjero, pero el caso de los terroristas franceses coloca al Gobierno en una situación embarazosa. De momento, no hay una posición oficial. El Ejecutivo se escuda en el argumento de que Irak tiene un Estado legítimo y una justicia soberana.
“Francia no va guardar silencio si se condena a muerte a uno de sus ciudadanos. La embajada en Irak no podrá lavarse las manos y protestará, por supuesto, pero será algo meramente formal, porque el Gobierno estará encantado de no tener que solucionar el problema de los yihadistas franceses en nuestro suelo”, ha señalado François Bernard Huyghe, director de investigación del instituto Iris, en la emisora Europe 1.
La cosa se complicaría todavía más en el caso de que los franceses fueran condenados en Siria, país con el que Francia no tiene relaciones diplomáticas, o en el Kurdistán, que ni siquiera está reconocido por la comunidad internacional.
