El exilio forzoso de 1.600 niños de la isla Reunión es un episodio tan oscuro como poco conocido en Francia. Ahora, por primera vez, la República ha reconocido su responsabilidad en un asunto que pone de relieve los abusos del Estado en una época no tan lejana. Entre 1963 y principios de los años 1980, centenares de menores fueron arrancados a sus familias o cortados de sus orígenes para repoblar las zonas rurales de la Metrópoli, principalmente la Creuse.

Se trata, sin embargo, de una reparación simbólica, a través de una resolución del Parlamento -aprobada con el apoyo de toda la izquierda mientras la derecha ha votado en contra- que reconoce "la responsabilidad moral del Estado". Ha sido la diputada socialista de la Reunión, Ericka Bareigts, quien ha rescatado del olvido una historia que desconocía más de un parlamentario. Una historia que empezó en 1946, cuando la Reunión dejó de ser una colonia para convertirse en un departamento francés de ultramar. "El territorio era entonces extremadamente pobre, con un 60% de paro. La economía dependía de la plantación, casi no había infraestructuras y en la isla había un problema demográfico", ha explicado Bareigts.

Promesas incumplidas

En 1963, el diputado del departamento, el conservador Michel Debré, que temía una explosión social, encontró una solución radical: transplantar una parte de la población más joven a los territorios demográficamente más desérticos de Francia. Algunos niños eran huérfanos, otros vivían con sus familias, a las que se prometió una educación para sus hijos y que éstos podrían regresar por las vacaciones. Pero la realidad fue muy otra. "Los niños no volvieron por vacaciones, nadie se ocupó de mantener los lazos familiares y fueron acogidos en condiciones catastróficas, muy dolorosas", ha subrayado la diputada, que ha recogido el testimonio de muchos de estos exiliados forzosos. Algunos apenas tenían seis meses cuando abandonaron su tierra. Casi todos arrastran importantes secuelas psicológicas.

Pese a la alerta lanzada por algunos prefectos en los años 1960, la máquina del Estado continuó con los desplazamientos, que no cesaron hasta la llegada del socialista François Mitterrand al Elíseo. Medio siglo después del desembarco de los primeros niños y con la izquierda de nuevo en el poder, Bareigts ha impulsado un texto que insta al Estado a "hacer un trabajo colectivo para comprender y superar estos hechos" y "hacer lo posible para permitir a las víctimas reconstituir su historia personal". La posibilidad de una indemnización económica no aparece. A principios de los años 2.000, ante los recursos presentados por algunos afectados, la justicia concluyó que los hechos habían prescrito.