La fecha es el 1 de marzo. La hora, 9:30 de la mañana. Ese día, un tribunal de Lima decidirá si el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) será finalmente juzgado por uno de los hechos más aberrantes de la historia peruana de los últimos años: la esterilización contra su voluntad de 300.000 mujeres y unos 20.000 hombres, en su gran mayoría campesinas, indígenas, andinas y amazónicas en situación de pobreza en zonas rurales y urbanas.
Fujimori cumple desde 2009 una condena perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante su primer mandato. Las 25 muertes cometidas en los Barrios Altos y La Cantuta por escuadrones parapoliciales lo obligan a permanecer en prisión hasta los 95 años, que se cumplirán en 2032. Su hija Keiko Fujimori quiere llegar en abril a la presidencia y anunció que, de ganar las elecciones de abril, indultará a su padre.
Pero un mes antes de los comicios, "el Chino", como solían llamarlo pese a su origen japonés, sabrá si le espera un nuevo juicio que, dicen los especialistas, le auguraría una segura condena. El tema de las esterilizaciones en las comunidades rurales ha sido tabú por muchos años. Numerosas mujeres perdieron la vida como consecuencia de esos métodos. Y muchas que sobrevivieron, se atrevieron a denunciar su padecimiento ante los tribunales.
En 1996, Fujimori aprobó el programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. El fiscal Pablo Espinoza sostiene que las esterilizaciones se llevaron a cabo sin el consentimiento de las personas o como consecuencia de un engaño. Por eso piden que Fujimori, así como sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, sean juzgado por los delitos de lesiones graves, en varios casos seguidas de muerte. Aguinaga ha sido médico personal del autócrata y quiere obtener un curul en el Congreso como aspirante de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori.
El laberinto de la impunidad
El camino para sentar a Fujimori frente a un juez por este drama colectivo no ha sido fácil. Hace 19 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado peruano a tomar cartas en el asunto. En los hechos, la fiscalía ha trabajado siempre a contracorriente, al punto de que la causa corrió el peligro de ser archivada en más de una oportunidad. Las nuevas condiciones políticas, entre ellas el fortalecimiento de las corrientes feministas, han ayudado a que la justicia finalmente a aceptar pronunciarse sobre la posibilidad de un nuevo proceso contra el exdictador.
Sigfredo Florián, abogador del Instituto de Defensa legal (IDL) que representa a un importante grupo de víctimas reconoció que, si se abre una investigación contra Fujimori, podrían transcurrir hasta tres años hasta que, luego de tomar testimonios y recopilar las historias clínicas, se abrieran las puertas de un juicio oral. Y si eso llegar a suceder, una eventual sentencia llegaría un lustro más tarde. "Exigimos que la investigación judicial sea rápida y bien hecha, para llegar al juicio oral y lograr sanción a los culpables, dijo el colectivo Somos 2074 y Muchas Más.
En este contexto, Keiko Fujimori ha instalado en la agenda política la situación paterna. "Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto. Y prefiero decirlo así, abiertamente, como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra apostando por la vía legal y constitucional". Aseguró a su vez que si es derrotada en las elecciones le pedirá al futuro presidente que otorgue el controvertido beneficio.
Daniel Urresti, el ex militar que competirá en los comicios como abanderado de Podemos Perú, le pidió a los otros candidatos firmar un compromiso público en contra del indulto. "Siempre hemos rechazado el indulto, en el Parlamento y en las calles. No se puede indultar a un asesino, ladrón, a un violador de derechos humanos", dijo Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (centroizquierda).
