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PENA DE MUERTE

El gobernador de California ordena una moratoria en las ejecuciones

 

IDOYA NOAIN NUEVA YORK
14/03/2019

El debate y la lucha política y legal no van a acabar, pero al menos 737 personas que están en el corredor de la muerte en California, el más poblado de todo el hemisferio occidental, saben que no serán ejecutados mientras Gavin Newsom sea gobernador del estado. El demócrata, que llegó al cargo en enero, firmó ayer una orden ejecutiva por la que impone una moratoria a la aplicación de la pena capital, cierra la cámara de ejecuciones en la prisión de San Quintín y retira el protocolo de la inyección letal.

En California, donde se reinstauró la pena de muerte en 1978, las ejecuciones estaban prácticamente paralizadas y la última de las 13 llevadas a cabo desde entonces ocurrió en el 2006. Ahora se convierte en el cuarto estado, tras Oregón, Colorado y Pensilvania, donde el gobernador usa el poder ejecutivo para frenar la pena de muerte, ya abolida en otros 20 estados por decisiones de legislaturas o tribunales.

La orden tiene prácticamente garantizadas demandas de los defensores de la pena capital, en parte porque la mayoría de los ciudadanos del estado rechazaron en el 2012 y el 2016 abolirla y también en el 2016 aprobaron, por el margen mínimo (51%), una iniciativa para acelerar el proceso de apelaciones de los condenados a muerte. Estas votaciones han sido justamente el argumento que ha usado en Twitter el presidente, Donald Trump, para criticar la decisión de Newsom, que puede ayudar a reimpulsar el debate nacional, donde el respaldo entre la población a las ejecuciones ha caído consistentemente en las últimas décadas.

Newsom aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de raza negra y a aquellos que no pueden pagar «una representación legal costosa».

«No creo que una sociedad civilizada pueda reclamar ser líder en el mundo mientras su Gobierno continúe sancionando la muerte premeditada y discriminatoria de su gente», argumentó.