Lejos aún de los comicios legislativos de octubre y en medio de los sopores estivales, Argentina se ha adentrado tempranamente en la campaña electoral con el que promete ser uno de los caballos de batalla del Gobierno: la lucha contra la inseguridad ciudadana. El ministro de Justicia, Germán Garavano, ha confirmado la intención del Gobierno de reformar la legislación para rebajar la edad penal a los 14 años. La edad punible es actualmente de 16
El asesinato reciente de Brian Aguiñaco, de 14 años, tras recibir un balazo en la cara de otro adolescente que pretendía robarleha acelerado la decisión del Ejecutivo del presidente Mauricio Macri. El caso Aguiñaco ha conmocionado al barrio de Flores de Buenos Aires, donde nació y creció el papa Francisco y que suele ser visitado por muchos turistas.
Muy cerca de ese barrio, apenas separado por unas calles que pocos quieren transitar, se levanta la villa 1-11-14, un universo de chabolas donde anida el narcotráfico. El autor del disparo, que fue capturado por Interpol en Chile, es uno de sus habitantes. Tras el asesinato, los vecinos de Flores ocuparon una comisaría de policía para reclamar mayor seguridad.
PELIGROS DE LA REFORMA
La iniciativa del Gobierno argentino ha suscitado apoyos y rechazos curiosos: sectores del kirchnerismo lo han respaldado y dirigentes cercanos al oficialismo han expresado su rechazo. Los organismos defensores de derechos humanos han advertido de los peligros que esconde esta reforma. Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, ha recordado que “la participación de pibes menores de 16 años en delitos es ínfima, y los casos graves son excepcionales. Estamos hablando de situaciones complejas que tienen que ver con cómo el Estado llega a estos pibes. Lo que sostenemos es que tiene que llegar antes políticas inclusivas, que lleven a esos pibes a las escuelas, que les propongan actividades recreativas”. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones del Tribunal Supremo, solo el 1% de los homicidios cometidos en la Capital Federal y el 2% de los que tuvieron lugar en la populosa periferia involucran a menores de 16 años.
Al respecto, Cipriano recordó que el artículo 64 de la ley penal juvenilpermite detener a los menores que cometen delitos graves. Pero de los 620 adolescentes alojados en institutos provinciales, solo entre un 7% y un 10% tienen entre 14 y 15 años, y muy pocos llegan a 13 años. “Lo que quiero decir es que los jueces ya tienen la herramienta legal. Pero si se amplía la posibilidad de la detención, el sistema va a detener muchos más. Y tenemos la demostración de que los institutos no resuelven nada; los pibes ingresan en la carrera delictiva, no hay contención ni tratamiento psicológico, ni contra las adicciones. Además se comprueba que no hay control en los institutos. Uno de cada diez pibes fue visitado por un juez y tres de cada diez por un defensor oficial.”
EL RIESGO DE VOLVER HACIA ATRÁS
Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (Cepoc), ha recordado que la última dictadura (1976-83) había fijado la edad de punibilidad en 14 años y que al retornar la democracia se modificó esa edad. “Volver atrás no parece una medida dirigida a la mejor protección de niños y adolescentes”.
De acuerdo con Unicef, la edad mínima de responsabilidad criminal oscila en la región entre los siete años, como el caso de Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil. En Ecuador “los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia”. En cuanto a Uruguay, la pena para menores está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las penas aplicables son diferentes a las de los adultos, y a los 18 años salen y se borra el expediente. En Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela y Chile la edad mínima de responsabilidad criminal es de los 14 años mientras que Cuba la mantiene en 16.
