El Gobierno argentino de Mauricio Macri sufrió ayer la tercera huelga de las centrales obreras. Parte de un sindicalismo que se siente cómodo con Macri y un conjunto de sindicatos díscolos están esta vez unidos por la dura crisis que sufre el país. No hubo trenes ni metro. Tampoco buses. Los aviones no despegaron. La industria bonaerense no trabajó. Hubo, además, piquetes en las principales entradas a la capital. «No contribuyen en nada, no suman», se quejó Macri. El Gobierno aseguró que la huelga representa una pérdida global para la economía de 1.000 millones de dólares.

La medida de fuerza no contó esta vez con una movilización popular en un país donde las últimas semanas las multitudes han salido a la calle para defender el derecho al aborto y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El conflicto tiene lugar en el momento más delicado del Gobierno: el peso se ha hundido solo en mayo más del 20% por la devaluación, la inflación del 2018 perforará la barrera del 30%, cierran comercios y pequeñas empresas porque no pueden costear los tarifazos de luz, gas y agua, con incrementos desde principios del 2016 de hasta el 1.500%. La pérdida del salario y el paro son otras de las consecuencias del malestar.

Macri pidió auxilio al FMI. El organismo financiero avaló un crédito de 50.000 millones de dólares que se entregará de manera escalonada y en la medida que el Gobierno ejecute un durísimo plan de ajuste que augura para el segundo semestre un nuevo ciclo recesivo.

Argentina ha tenido en mayo números rojos en el comercio exterior por valor de 1.285 millones de dólares, el peor de las últimas décadas. Igual que los 142.948 millones de dólares pedidos al mercado internacional en estos dos años, el dinero que se recibirá del FMI servirá para cubrir ese déficit y los problemas del gasto público, así como para financiar la fuga de capitales, que subió solo en mayo un 56%.