La Cámara baja del Parlamento holandés aprobó ayer una ley para expulsar a 26.000 asilados políticos cuya solicitud fue rechazada en los últimos tres años. Una vez se les notifique, los afectados deberán salir del país antes de ocho semanas. La organización Human Rights Watch ha calificado la norma de ilegal.

La ley, que para llevarse a cabo debe ser aprobada por la Cámara alta, afecta a miles de personas que llevan más de 10 años viviendo en Holanda y que han formado una familia en el país. Además, algunos son originarios de zonas en conflicto como Afganistán y Chechenia. El Gobierno, una coalición de centroderecha entre liberales y democristianos, ha asegurado que nadie que corra peligro será expulsado. En este sentido, ha amnistiado a 2.300 personas. La titular de Inmigración, Rita Verdonk, impulsora de la norma, dijo que una amnistía total "enviaría un mensaje equivocado a las mafias".

El plan está considerado como una herencia de Pim Fortuyn, el controvertido líder populista que abogó por cerrar totalmente las puertas a la inmigración y que fue asesinado en mayo del 2002. Además, el Gobierno dice que ha tomado esta decisión después de que un informe del Parlamento concluyera que los esfuerzos de 30 años para crear una sociedad multiétnica han fracasado. Según el documento, la primera y la segunda generación de inmigrantes no se han integrado en la sociedad holandesa.

HUELGA DE HAMBRE Las asociaciones de refugiados han amenazado con una huelga de hambre mientras algunos holandeses se han ofrecido a esconder a los asilados en sus casas. Human Rights Watch dijo que, con esta medida, Holanda "pierde su histórico papel como líder en la protección de derechos humanos".

Entre 1990 y el 2002, Holanda recibió unas 400.000 solicitudes de asilo debido a su reputación de tolerancia con las minorías étnicas. La cifra de peticiones se redujo a menos de la mitad al comenzar el milenio. En Roterdam, casi la mitad de su población es de origen no holandés.