Pocos recuerdan que todo empezó con un asesinato en Taiwán. Chan mató a su novia embarazada, la descuartizó y lanzó a un parque sus restos apretados en una maleta antes de regresar a Hong Kong. La ley local impedía juzgarlo y enviarlo a Taiwán, así que Carrie Lam, jefa ejecutiva, tramitó una ley de extradición atendiendo a los ruegos de la madre de la víctima.
El resto es historia: muchos en la excolonia intuyeron en esa ley la pasarela hacia el turbio sistema judicial chino de disidentes y elementos hostiles a Pekín y tomaron las calles. Cuando Lam accedió a paralizar su tramitación, varias manifestaciones después, ya era tarde: el movimiento había crecido y sumado más reclamaciones, había abandonado las admirables concentraciones pacíficas y abrazado los disturbios y el vandalismo. Hong Kong, que había apuntalado durante décadas su reputación de centro financiero fiable y tranquilo, ha vivido su año más turbulento.
La factura que deja la lucha por blindarse de la influencia de Pekín no es escasa. Una sociedad que había ensamblado ejemplarmente oleadas migratorias está hoy fracturada sin remedio. La economía se ha hundido en la recesión, arrasada por la ausencia de turismo y las caídas de la ventas minoristas. Y sobre la isla se cierne la incertidumbre: por un lado, una inquietante ley de seguridad aprobada por el Parlamento chino el mes pasado; por el otro, la posible retirada de Washington de su estatus económico especial que haría de Hong Kong una ciudad de tercera.
Cinco demandas
Los activistas siguen instalados en las "cinco demandas, ni una menos", que Lam ha repetido que no discutirá mientras no renuncien a la violencia. Sólo han logrado la suspensión de la ley de extradición. Pekín no les ha concedido el adiós de Lam ni Hong Kong ha accedido a que un órgano internacional examine la actuación de la policía. La liberación de los detenidos supondría un arrodillamiento que ningún Gobierno podría asumir y lograr el sufragio universal de Pekín es quimérico. La falta de diálogo desembocó en batallas campales cotidianas, el asalto del Parlamento y la paralización del aeropuerto. El asedio a la Universidad Politécnica alcanzó las cotas más altas de violencia, con los estudiantes resistiendo durante días el desalojo con catapultas, flechas y centenares de artefactos explosivos.
La mejor noticia que deja el año es la ausencia del desastre que a menudo se rozó. No cabe lamentar el Tiananmén que muchos anunciaron porque Pekín no envió a un solo soldado a los peores disturbios en décadas. Las maniobras chinas de los últimos meses van encaminadas a recuperar el control en su territorio más díscolo e impedir que regrese el clima fragoroso. Ha defenestrado a los responsables de la Oficina de Relación de Hong Kong y enviado desde el continente a Lui Huining y Xia Baolong, ambos en la órbita del presidente Xi Jinping. Y ha ordenado la tramitación de la ley nacional de seguridad para "prevenir, frustrar y castigar" las amenazas a la seguridad nacional. La normativa, que contempla delitos como la subversión, el separatismo y el terrorismo, ha sido calificada por los sectores antigubernamentales como el fin de la fórmula "un país, dos sistemas". Para el bando contrario, asegurará la estabilidad y la actividad económica.
"China evitó enviar al Ejército el año pasado a pesar de que se la quiso empujar a ello. Ahora intenta que no se reproduzcan las protestas con una preparación mayor y mucha prevención, por eso ha enviado a cuadros con más experiencia y nivel. Apuesta por la estabilidad y por eliminar la influencia exterior", señala Xulio Ríos, director del Observatorio de Política China. "Es la forma de encarrilar la situación, pero no de solucionarla, porque persiste el malestar social de fondo. La ley de seguridad nacional revela que da por finiquitado el ensayo de diálogo con la oposición hongkonesa para resolver el problema", añade.
Pausa por el coronavirus
Persisten las dudas sobre el brío del movimiento después de la pausa obligada por las vacaciones de Año Nuevo y el coronavirus. Quizá la ley de seguridad será percibida como la derrota final. O quizá llenará de nuevo las calles. Entre los activistas cunde el cansancio por un año de lucha con magros logros, el miedo por las consecuencias penales de la nueva ley y el desánimo tras comprobar que los apoyos internacionales no trascienden de fotos y emocionadas declaraciones.
La nueva estrategia policial, que nutre de efectivos los lugares más calientes para impedir el acceso y practicar detenciones preventivas, se ha demostrado más eficaz que esperar a que vuelen los cócteles molotov. Chris, un activista veinteañero, se ha perdido este año alguna movilización cuando el pasado acudió a todas. "Estamos en un callejón sin salida. Si no nos han hecho caso ya, no nos lo harán en el futuro. Soy muy pesimista", señala por teléfono.
La policía ha arrestado durante las protestas a 8.981 personas, 1.749 han sido imputadas, un centenar han sido condenadas y apenas 13 han entrado en la cárcel. Ha pasado un año y pocos recuerdan que Chan, aquel veinteañero que asesinó a su novia, está libre en las calles de Hong Kong.
