El Gobierno de Hong Kong que dirige Carrie Lam ha anunciado este sábado en rueda de prensa la suspensión indefinida de la polémica ley de extradición tras la ola de protestas que ha vivido esta ciudad en la última semana.

La ley de extradición, que afectaba a los 7 millones de habitantes de esta potente plaza financiera así como a ciudadanos chinos y extranjeros, contemplaba que todos ellos pudieran ser extraditados a China. Una medida que muchos han visto como una amenaza a la autonomía de esta antigua colonia británica. Hasta ahora, la ley prohibía enviar fugitivos a la China continental. Muchos temían que la nueva norma conllevaría un trasvase de disidentes políticos y otros elementos incómodos que han disfrutado en la isla de su refugio.

"Tras muchas deliberaciones internas estos dos últimos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la ley, retomar las conversaciones con todos los sectores de la sociedad, hacer más trabajo explicativo y escuchar las diversas voces de nuestra sociedad", ha explicado Carrie Lam en su comparecencia ante los medios. Lam ha subrayado que no hay ninguna fecha prevista, por lo que la suspensión se entiende indefinida.

La jefa del Ejecutivo ha explicado que el objetivo original de la ley era tapar un vacío legal para "evitar que Hong Kong se convirtiera en un paraíso para los criminales", un propósito que "no ha cambiado". Ha admitido, sin embargo, que la ciudadanía no lo ha visto así: "Hemos creado un gran conflicto y mucha gente está decepcionada y triste. Yo también estoy triste y me siento arrepentida por desatar este conflicto. Aceptamos las críticas con sinceridad y humildad, y mejoraremos. El Gobierno escuchará abiertamente las opiniones sobre el proyecto legislativo. Nos comunicaremos con la sociedad, explicaremos más y escucharemos más", ha subrayado Lam.

INCERTIDUMBRE SOBRE LA MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

La decisión se produce después de que Lam se reuniese con miembros de su Consejo, en vísperas de una nueva manifestación convocada para este domingo y después de que varios partidarios de la normativa pidiesen aplazar el proyecto.

La marcha del domingo, que los organizadores aún no han cancelado, da seguimiento a las protestas del miércoles, cuando miles de personas se echaron a las calles para pedir la cancelación del texto, aunque entonces sólo consiguieron el aplazamiento de su segunda lectura en el Legislativo. La policía dispersó entonces las manifestaciones en la sede parlamentaria mediante la fuerza --usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma-- dejando 81 heridos (dos de ellos, de gravedad), y 11 detenidos, según las fuerzas de seguridad locales.

Una de las reivindicaciones de los manifestantes para este domingo es que el Gobierno hongkonés condene el "excesivo uso de la fuerza" por parte de la policía en esas protestas y "que libere a los detenidos en las protestas, a las que debe de dejar de calificar como 'revuelta'", ha señalado una de las organizaciones convocantes.