"Es un nuevo caso de caza de ciudadanos rusos por todo el mundo". Con estas palabras ha reaccionado el Ministerio de Exteriores de Rusia al arresto, hace unos días, en el aeropuerto de Tenerife sur, de una ciudadana rusa de 42 años que viajó a la isla canaria como parte de una delegación oficial. En conversación con EL PERIÓDICO, Aleksándr Ionov, vicepresidente del Comité Internacional para la Protección de los Derechos del Hombre, una organización que vela por los intereses y el respeto de los derechos de los ciudadanos rusos en el extranjero, ha asegurado que existen "un 90% de posibilidades" de que la mujer sea extraditada a EEUU, al tiempo que ha criticado a las autoridades judiciales españolas por atender sistemáticamente los requerimientos estadounidenses "sin consultar" con la parte rusa.
Según el ministerio ruso, los hechos se produjeron el 14 de febrero, un extremo que fuentes de la Audiencia Nacional en Madrid han desmentido a este diario, ya que ese día no consta ningún arresto con fines de extradición por una reclamación de EEUU. La mujer había trabajado durante un decenio en la Embajada de EEUU en Rusia tomando huellas dactilares, y está acusada de haber transmitido a terceros datos biométricos. Pasados unos días, y tras informar de lo sucedido al Gobierno ruso, la madre y la hermana de Krasílova, originarias de Siberia, contactaron con Ionov para pedirle asesoramiento y ayuda para recaudar dinero y pagar a un abogado. "La madre se halla en estado de shock", ha comentado. La detenida, siempre según estas fuentes, se halla en un centro penitenciario de Tenerife a la espera de ser trasladada a Madrid, y ha podido ser visitada por el cónsul honorario ruso, quien le ha entregado objetos de higiene personal. El lunes dispondrá ya de un letrado.
Convenio bilateral de extradición
Según el convenio de extradición entre España y EEUU, el país requiriente dispone de 45 días para aportar toda la documentación que sustente la acusación. Si la persona no accede a ser extraditada, se abre un procedimiento que resolverá la Sala Penal de la Audiencia Nacional, después de que el Consejo de Ministros dé via libre a la acción judicial. Una vez concedida, el Gobierno puede denegarla, aunque lo habitual es que se siga el criterio de los tribunales.
La tensión entre Moscú y Washington a raíz de las detenciones y extradiciones de ciudadanos rusos en suelo español corre el riesgo de acabar salpicando a Madrid. En el 2017, fueron arrestados, en un lapso de tiempo de pocos meses, Stanislav Lísov y Piotr Levashov, el primero durante unas vacaciones en Tarragona y el segundo en un hotel de Barcelona, donde se hallaba descansando con su familia. Ambos estaban acusados de delitos informáticos e incluso en el caso de Levashov, de colaborar en la campaña de injerencia rusa de las presidenciales de EEUU del 2016. Fueron extraditados a EEUU y condenados a penas de prisión "de cinco y siete años". En el caso de Krasílova, Ionov no se explica que la mujer hubiera viajado a "Holanda y Alemania recientemente" sin que se produjeran incidentes.
