El español Luis Echávarri, director general de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, prestará asistencia a una institución japonesa establecida para asesorar el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, informó la cadena pública NHK.

El Instituto de Investigación para el Desmantelamiento Nuclear fue formado el año pasado para apoyar al Gobierno japonés en su objetivo de desmontar la planta, golpeada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo del 2011. El órgano está compuesto por Tokyo Electric Power (TEPCO), propietaria de la central de Fukushima, las otras ocho eléctricas regionales niponas que poseen plantas atómicas, la Agencia de la Energía Atómica de Japón y los tres principales fabricantes y exportadores de tecnología nuclear del país.

La organización ha pedido reiteradamente asistencia técnica de expertos foráneos para investigar y desarrollar tecnologías para el desmantelamiento de la planta y se ha decantado por Echávarri como uno de sus consultores. En una entrevista concedida a NHK, Echávarri explicó que lo idóneo para la institución es "obtener un presupuesto a largo plazo, porque la investigación y el desarrollo de tecnologías lleva mucho tiempo y gestionar eso con un presupuesto que esté limitado a un año es muy difícil".

Desmantelamiento transparente

El director general de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE pidió también un plan muy concreto y un proceso de desmantelamiento transparente. De acuerdo al plan actual, la retirada del combustible nuclear fundido del interior de los reactores 1, 2 y 3 comenzaría como pronto en la primera mitad del año 2020.

El procedimiento para retirarlo aún no ha sido establecido, ya que no se sabe mucho sobre el estado exacto en el que se encuentra el combustible dañado, el cual requerirá del desarrollo de tecnologías muy sofisticadas para ser retirado.

El accidente provocado por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 en la central de Fukushima degeneró en el peor desastre nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986. Las emisiones radiactivas resultantes mantienen desplazadas a unas 52.000 personas que vivían cerca de la planta y han afectado gravemente a la agricultura, la ganadería y la pesca local.