La eurodiputada de IU Ángela Vallina informó hoy de que ha pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue las presuntas "prácticas abusivas" de los registradores de la propiedad y mercantil y solicite al Gobierno español su equiparación al del resto de funcionarios.
En un comunicado, Vallina anunció que IU Asturias presentará una solicitud ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para que la CE investigue las presuntas "prácticas abusivas existentes y exija a las autoridades españolas competentes la equiparación de la actividad y el régimen retributivo y laboral de estos trabajadores al del resto de funcionarios y servicios públicos". También indicó que su grupo rechaza "cualquier liberalización y privatización de la actividad de los registros".
La eurodiputada afirmó asimismo que creen "necesario que, para una mayor protección de la ciudadanía ante los frecuentes abusos y costes excesivos, se debe mejorar el control público de su actividad y acabar con los privilegios de los registradores, equiparando su régimen retributivo al del resto de trabajadores públicos".
Vallina quiere en concreto que la CE investigue el sistema registral español para comprobar su adaptación a la normativa comunitaria, teniendo en cuenta especialmente la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos y la legislación sobre competencia profesional.
Además, la eurodiputada, miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), afirma que la labor de los registradores de la propiedad y mercantil debe regirse por "el carácter de servicio público y no el ánimo de lucro".
De acuerdo con IU, los registros ingresan al año alrededor de dos mil millones de euros que, una vez deducidos gastos, son patrimonializados directamente por los registradores titulares de cada oficina a pesar de ser generadas por una Oficina Pública.
Por otro lado, afirma Vallina, la ciudadanía paga "por servicios que no puede eludir, sin poder elegir quien le presta estos servicios y careciendo de cualquier tipo de control público sobre las cuentas de los registros".
La eurodiputada denuncia la situación de "cautividad absoluta" del ciudadano que, según afirma, "en muchos casos se traduce en continuas subidas del coste final del servicio mediante la creación o multiplicación discrecional de conceptos exigibles por cada oficina".
