El mariscal Jalifa Hafter, tutor del gobierno no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país, autorizó la reapertura de los puertos petroleros en el disputado golfo de Sirte y el reinicio de la producción de crudo y gas tras más de seis meses de bloqueo.

Según el jefe de la milicia Guardianes de las Instalaciones Petroleras, el señor de la guerra Nayib al Maghribi, la medida busca "acabar con los problemas que sufren miles de libios en distintas regiones del país y proteger esta infraestructura" vital para la subsistencia del país.

En particular, para poner en marcha las centrales del oeste del país y garantizar el suministro de energía eléctrica, interrumpida en numerosas ciudades, incluida la capital.

Un país dividido

Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la tiranía de Muamar al Gadafi. Desde 2015, el país tiene dos Ejecutivos: el tutelado por Hafter en el este y uno denominado Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU en Trípoli (GNA).

En el último año, la guerra fratricida que sacude desde 2015 el país se ha convertido en enfrentamiento armado multinacional, completamente privatizado, sin Ejércitos regulares, librado por milicias locales y mercenarios extranjeros.

Aliados internacionales

El GNA cuenta con el apoyo de Qatar, Italia y Turquía -que ha comenzado a levantar base militares en Libia-, mientras que Hafter es respaldado por Francia, Jordania, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, países estos últimos que le dotan de sus propios mercenarios y de armas, pese al embargo de armamento de la ONU que desde 2011 pesa en el país.

Antes de la revolución, el país producía en torno a 1,8 millones de barriles diarios de crudo, cifra que descendió a menos de 100.000 desde que Hafter ordenó el bloqueo de las instalaciones en el golfo de Sirte, corazón de la industria petrolera libia.