Al menos 30 muertos, decenas de heridos, saqueos y daños materiales a lo largo de cinco días de protestas obligaron a Daniel Ortega a un ejercicio inédito en 11 años de Gobierno: volver sobre sus pasos y abandonar su proyecto de reforma de la seguridad social. Barricadas y adoquines, símbolos de la insurrección que acabó hace 39 años con la tiranía de Anastasio Somoza, se utilizaron esta vez contra Ortega. El rechazo a los cambios en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por el cual las pensiones se iban a retraer un 5% y aumentaban a la vez las contribuciones patronales, activó en las calles una fuerza política inédita e inorgánica que sorprendió a Gobierno y oposición.

Al igual que los turbulentos días de 1979, las iglesias abrieron sus puertas para proteger a estudiantes perseguidos. Bastiones del sandinismo como Estelí, Matagalpa, Masaya y la periferia de Managua fueron escenarios de choques entre manifestantes y la policía. No faltaron denuncias de grupos paramilitares. Sectores opositores aseguraron que Ortega copió los procedimientos utilizados en Venezuela para silenciar al antichavismo. Pero desde el Gobierno atribuyeron la muerte del periodista Ángel Eduardo Gahona López a un francotirador asociado a un supuesto proyecto de desestabilización.

El propio Ortega no se privó de hablar de pequeños grupos financiados por Estados Unidos. Más allá de las hipótesis conspirativas, el mandatario reconoció que su iniciativa para financiar un INSS en bancarrota no tuvo «viabilidad» y creó una «situación dramática». Ortega invitó al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y a los obispos para que sean garantes de un diálogo entre el Ejecutivo, el sector privado y los trabajadores. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) condicionaron su presencia. Anunciaron que solo conversarán con las autoridades si cesa la represión y el despliegue del Ejército. También pidieron que se les permita a los manifestantes expresarse libremente.

ESCENARIO INESPERADO

Ortega, quien a lo largo de 11 años casi no encontró dificultades para administrar el país y deslizarse hacia al autoritarismo, ha descubierto algo que debe preocuparle. El rechazo a la reforma terminó por canalizar un descontento colectivo mayor. «¿Quiénes son estos jóvenes y por qué protestan? Nacieron después de la guerra y la revolución, escuchando y creyendo que Nicaragua era una democracia, y que los ciudadanos tenemos derechos», señaló la socióloga Elvira Cuadra. En un artículo publicado en el portal de Confluencia, Cuadra aseguró que los partidos opositores no están detrás de estos acontecimientos y, en rigor, son rechazados por sus protagonistas. «Otra gran sorpresa es el papel que han jugado las redes sociales en estas movilizaciones».

Desde el Vaticano, el papa Francisco expresó su «preocupación» por los sucesos. «Me uno a los obispos en el llamamiento a que cese toda violencia, se evite un inútil derramamiento de sangre y las cuestiones abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad».

Ortega todavía cree que «la inmensa mayoría de los nicaragüenses están respaldando las acciones que tomamos para restablecer el orden». Durante el último quinquenio, la economía del país tuvo un crecimiento promedio del 4,5%. Para este año se espera una subida del 4,7% y una inflación de 6,2%. La pobreza, según el Estado, es del 25% y la pobreza extrema, del 7%.