La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acusado de secuestro a ocho antiguos altos mandos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos al actual líder de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', según informa Europa Press.
Se trata de uno de los movimientos más significativos desde que se creó la JEP en 2017, un año después de los acuerdos de paz ratificados en La Habana, y en los cuales la guerrilla dejaba las armas para participar en la sociedad civil a través de la vía política.
El conocido como caso 01, abierto en octubre de 2018, contempla casi 21.400 secuestros y "graves privaciones de la libertad" cometidos por las FARC entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de los mismos, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002.
La JEP, a cuyo escrito ha tenido acceso el diario colombiano 'El Espectador', reconoce que la investigación, debido a la "magnitud" de los hechos, podría estar viciada, ya que "no fue posible determinar un número preciso", puesto que muchas víctimas no denunciaron por temor a represalias, o algunos de los casos pudieron ser cometidos por delincuentes u otros grupos armados que se hicieron pasar por las FARC.
Además de 'Timochenko', entre los acusados están Pastor Alape; Jorge Torres, alias 'Pablo Catatumbo'; Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada'; Rodrigo Granda Escobar, conocido como 'Ricardo Téllez'; y Milton de Jesús Toncel, apodado 'Joaquín Gómez'.
La lista la completan Jaime Alberto Parra, alias 'Mauricio Jaramillo'; y Juan Hermilo Cabrera, también conocido como 'Bertulfo Álvarez', quien falleció este miércoles. Algunos de ellos forman parte del partido Comunes, el cual dejó de llamarse como la disuelta guerrilla tras sus primeros dos años bajo el acrónimo FARC.
La JEP les responsabiliza como coautores no solo de privaciones de libertad y toma de rehenes, sino también de las torturas, violencia sexual y los atentados a la dignidad personal que se cometieron por sus subalternos cuando ellos estaban al mando.
El único que ha sido señalado como autor de estos delitos ha sido el ahora senador por comunes 'Pablo Catatumbo', a quien se le acusa de "privar de la libertad a civiles como parte de las dinámicas de control social y territorial" cuando ejercía "como comandante, desde 2011, del 'Bloque Occidental' de las FARC".
VÍAS JUDICIALES PARA LOS ANTIGUOS GUERRILLEROS
Londoño y el resto de acusados disponen ahora de 30 días hábiles para decidir si aceptan o no su responsabilidad en estos crímenes que se les imputan, al igual que las víctimas y la Fiscalía que podrán presentar sus alegaciones. Tras ello, la JEP emitirá sus conclusiones y será el Tribunal de Paz quien decida las sanciones.
En caso que los antiguos altos mandos del grupo armado acepten los cargos se pueden enfrentar a penas de prisión domiciliaria de entre 5 y 8 años, tal y como contempla la JEP, creada también para facilitar la desmovilización de los guerrilleros y su incorporación a la vida civil.
Si optan por no aceptar los cargos e ir a juicio, en caso de que se falle en su contra, pueden recibir penas de cárcel de entre ocho y 20 años, y de entre cinco y ocho años si dan marcha atrás y se declaran culpables durante el proceso judicial.
EL PERDÓN DE COMUNES
En septiembre de 2020, el antiguo partido FARC, hoy Comunes, a través de su secretario general, Rodrigo Londoño, y otras voces importantes de la formación como 'Pablo Catatumbo' o 'Carlos Antonio Lozada', enviaron una carta a las víctimas de secuestro para mostrarles su arrepentimiento y solicitar su perdón.
"Después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles, en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos", decía el texto.
"El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros", continuaba.
Comunes dio un paso más y puso rostro a su culpa, mencionando a Andrés Felipe Pérez, un niño enfermo, que murió sin poder volver a ver a su padre, un miembro del Ejército de Colombia, pese a que durante meses envió mensajes radiofónicos a las FARC para poder reencontrarse con él.
"Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado a Andrés Felipe Pérez (...). No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados", lamentaron.
