"La madre de todos los parlamentos ha sido cerrado por el padre de todas las mentiras". De esta forma el abogado Aidan O'Neill resumió ante el Tribunal Supremo la decisión de Boris Johnson de suspender durante cinco semanas el Parlamento Británico. O'Neill representa a más de 70 diputados que denunciaron en Escocia la medida del primer ministro por considerarla un abuso de poder. El máximo tribunal civil escocés les dio la razón y declaró ilegal el cierre. "Este Gobierno -señaló el abogado- está mostrando que no merece nuestra confianza al usar los poderes de mando de una manera que es corrosiva para la Constitución y destructiva para el sistema parlamentario representativo de la democracia, en el que está fundada nuestra unión".

En la segunda sesión celebrada el miércoles, el abogado de Johnson, James Eadie, argumentó que el uso de la suspensión (prorrogación) es político y no incumbe a la justicia. Uno de los miembros del Supremo se interesó por la necesidad de proteger a la reina de decisiones arbitrarias del Ejecutivo. ¿Si "hay principios constitucionales que deben ser supervisados", preguntó Lord Sales, no sería más apropiada esa misión para los tribunales "en lugar de que la reina se vea atrapada"? Eadie insistió en que tales garantías las proporciona el ámbito político.