Tercera protesta en una semana y cuarta en quince días en Hong Kong. Los estudiantes rodean desde esta mañana la comisaría central de policía para exigir la anulación definitiva de la ley de extradición, la liberación de los manifestantes detenidos por los disturbios y disculpas por lo que entienden que fue una actuación brutal de los agentes. Es la primera vez que las concentraciones no buscan la sede parlamentaria sino las instalaciones de la policía, cuya actuación ha sido tan defendida por el Gobierno hongkonés como criticada por los estudiantes.

Los agentes respondieron con balas de plástico, espráis pimienta, gas lacrimógeno a los lanzamientos de vallas y adoquines del bando contrario en aquella jornada del viernes pasado. Fue la más tumultuosa en la excolonia en décadas y dejó 80 heridos, entre ellos una veintena de agentes.

Los cientos de manifestantes también han cortado este viernes Harcourt Road, uno de los principales accesos al centro. La protesta está encabezada por Joshua Wong, liberado el lunes tras cumplir su condena por su rol capital en la revuelta de los paraguas de 2014. La concentración carece del permiso policial así que los jóvenes han acudido tras ser convocados en las redes sociales a comer, cantar, pasear, mirar las tortugas o protegerse de la lluvia.

MENOR PRESENCIA POLICIAL

Los presentes han entonado de nuevo el 'Aleluya', la canción que caracteriza estas protestas al igual que los paraguas amarillos distinguieron a las anteriores. Las críticas a la actuación policial han aconsejado al Gobierno una gestión más prudente y hoy apenas se ven uniformes por la zona. La policía ha pedido a los manifestantes que se marchen pero no tiene previsto ninguna acción de desalojo, afirma la prensa local.

Los estudiantes siguen adelante con sus movilizaciones tras haberse apuntado una victoria histórica. Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, ha aclarado que la ley de extradición no volverá a ser debatida y ha encadenado tres crudas disculpas a la ciudadanía por no haberla escuchado. Pero los críticos exigen la anulación formal definitiva de la ley y la dimisión inmediata de Lam, a quien ven como la intransigente responsable de la tramitación de la ley. De ella se teme que permita el envío de disidentes políticos y otros elementos incómodos a la justicia de la China continental.