Después de dos meses de analizar el caso con meticulosidad --"para no cometer errores en una resolución tan importante"--, el juez chileno Juan Guzmán decidió ayer procesar a Augusto Pinochet y ordenar su arresto domiciliario. Guzmán considera que el dictador está en condiciones de ser llevado ante los tribunales como partícipe del asesinato de nueve opositores en el marco de la denominada operación Cóndor.

"Se declaró apto mentalmente al general Pinochet para ser sometido a un juicio. Con todas sus etapas, declaración, indagatoria y careos, entre otros", dijo Guzmán. En su resolución, el juez pidió que Pinochet sea "notificado a la brevedad". La defensa anunció que apelará inmediatamente la decisión ante el Tribunal de Segunda Instancia de Santiago.

Guzmán ha dado a conocer su decisión dos meses después de haber interrogado a Pinochet. En esa oportunidad, el juez le formuló 14 preguntas. "El declarante suspira y le cuesta formular sus respuestas", sostuvo entonces. Luego, Guzmán dispuso que el dictador fuera sometido a varios exámenes neurológicos.

UN NUEVO ESCENARIO POLITICO Jorge Tapia, el médico designado por el tribunal, concluyó que la "demencia subcortical" de Pinochet, de 89 años, había empeorado con respecto al 2001, cuando exámenes similares le habían permitido esquivar la causa por la Caravana de la muerte . El doctor Sergio Ferrer, representante de la defensa, estimó por su parte que la enfermedad tenía un "carácter irreversible". Por el contrario, el neurólogo al que acudieron los querellantes, Martín Cordero, opinó que el dictador era "competente para comprender, discriminar, informar y defenderse de posibles cargos".

Guzmán ha leído al detalle las recomendaciones, pero parece que ha tenido más en cuenta las nuevas condiciones políticas que han dejado a Pinochet prácticamente aislado. Primero, se le descubrieron millonarias cuentas secretas en Estados Unidos. Semanas más tarde, el Ejército chileno --su bastión-- hizo una histórica y descarnada autocrítica por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. Inmediatamente, el Tribunal Supremo rechazó la aplicación de la ley de amnistía de la dictadura para casos de desaparición, dando luz verde a casi 200 causas contra represores que estaban empantanadas. Finalmente, llegó el demoledor Informe sobre la Tortura y la Prisión Política.

REACCIONES "Nos parece que esta larga espera se ha justificado", indicó el abogado querellante Eduardo Contreras al conocer la noticia. Viviana Díaz, dirigente de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos, dijo que sentía "una emoción difícil de explicar". Lo que está ocurriendo, agregó, es posible porque ahora "existe la voluntad de investigar".