Donald Trump ha elegido a la jueza con la que pretende reemplazar a la fallecida Ruth Bader Ginsburg para cimentar la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. El anuncio oficial llegará dentro de unas horas, pero la favorita, según la prensa estadounidense, es Amy Coney Barrett, una magistrada de 48 años con un notable respaldo de la América cristiana. Católica devota, contraria al aborto y alineada con los intereses empresariales, su designación le servirá al presidente para energizar a sus bases más conservadoras a poco más de un mes de las elecciones. Pero también recrudecerá la batalla política que se ha abierto en Washington ante la intención de los republicanos de confirmar a Barrett antes de los comicios del 3 de noviembre.

Algunos asesores del presidente le habían pedido que se decantara por Barbara Lagoa, una jueza de origen cubano y arraigo en Florida que sonaba entre las favoritas. Consideraban que Lagoa podría haberle ayudado a ganar en Florida y a atraer votos latinos, pero una vez más Trump ha preferido contentar a sus bases más conservadoras. Barrett llegó al Tribunal de Apelaciones hace tres años, después de ejercer como profesora de Derecho en la Universidad de Notre Damme. Desde entonces ha abrazado las posiciones conservadoras al redactar sus opiniones en asuntos como la inmigración, el derecho a portar armas o el aborto. Durante muchos años perteneció al grupo antiabortista Faculty for Life.

Judicialmente es discípula del fallecido Antonin Scalia, para el que sirvió como pasante. Como su mentor, defiende la corriente originalista, partidaria de interpretar la ley siguiendo las supuestas intenciones que buscaban en su día los redactores de la Constitución. Una suma de posiciones que han alarmado a los demócratas, conscientes también de que Barrett ha expresado posiciones contrarias a la reforma sanitaria de Barack Obama, cuya constitucionalidad será examinada por el Supremo a partir del 10 de noviembre. Su trayectoria judicial y sus propias palabras confirman que será una clara amenaza para los derechos reproductivos, los derechos LGBT, los derechos laborales, los derechos del voto o los derechos civiles, ha dicho el senador Ed Markey.

Lo que está claro es que si acaba siendo confirmada, el Supremo pasará a estar formado por seis jueces conservadores frente a tres progresistas, un dibujo que augura tiempos difíciles para la América demócrata durante la próxima generación.