El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha ordenado este miércoles al Estado belga que retire en un plazo máximo de 30 días todas las medidas restrictivas excepcionales adoptadas en el marco de la lucha contra la pandemia de covid-19 o que las encuadre dentro de una ley. De no respetar la decisión y el plazo, el Estado se enfrenta a una multa diaria de 5.000 euros por cada día de retraso.

El pronunciamiento se produce a raíz de la demanda introducida por la Liga de Derechos Humanos y su equivalente flamenco Liga voor Mensenrechten al inicio de la pandemia con el objetivo de determinar si las restricciones puestas en marcha por las autoridades belgas para limitar la propagación del coronavirus respetaban la legislación o no. Ambas organizaciones parten de la base de que los decretos ministeriales que validan las medidas restrictivas son “ilegales” y que fueron adoptadas sin “un marco legal y constitucional” adecuado.

Un argumento que los jueces del Tribunal de Primera Instancia han dado este miércoles por bueno. “El tribunal aplica el artículo 159 de la Constitución que anuncia que las cortes y los tribunales solo aplicarán los reglamentos si son conformes a la ley. El Tribunal constata una ilegalidad aparente e invita al Estado belga a remediarlo en 30 días”, señala la corte en un comunicado recogido por diversos medios belgas.

Medidas a base de decretos

La sentencia apunta concretamente contra el decreto del Ministerio del Interior del pasado 28 de octubre y los decretos posteriores que se amparan en una ley de 2007 sobre la sociedad civil que no fue creada para gestionar una situación de pandemia como la actual. “Estamos contentas con la decisión. Es un día importante para el Estado de derecho y la democracia y estamos contentas de ver que el tribunal ha constatado la ilegalidad de las medidas teniendo en cuenta que la ley de 2007 no fue hecha para gestionar una pandemia y menos durante un año”, ha valorado las dos abogadas que representantes a las dos asociaciones, Audrey Lackner y Audrey Despontin.

Ambas consideran que vistas las restricciones a las libertades fundamentales es “indispensable” que el parlamento adopte una ley sobre la pandemia. “Si puede hacer restricciones a los derechos y libertades, vista la importancia de los desafíos y la necesidad de proteger el derecho a la vida y la salud de los individuos, deben ser justas y proporcionadas”, han recordado. Precisamente, el parlamento federal abre este miércoles el debate sobre al anteproyecto de ley de pandemia.