"La persecución política ha comenzado", se quejó la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, al enterarse que había caído sobre su cabeza una orden de arresto. Áñez participó activamente del golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019, al punto de autoproclamarse mandataria interina estando tercera en la línea de sucesión en el Congreso. Lo primero que hizo es mostrarse al país con una Biblia en la mano. Tras la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) que llevó a la presidencia el año pasado a Luis Arce, volvieron a cambiar radicalmente las condiciones políticas. Como parte de ese viraje, un tribunal la ha acusado de "sedición y terrorismo", delito que contempla penas de hasta 20 años de cárcel, junto con miembros de equipo de ministros y la cúpula de las Fuerzas Armadas que primero impulsó y luego legitimó la asonada. El almirante Flavio Arce San Martín ya ha sido arrestado. Lo mismo que el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. "El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", dijo también Áñez en su cuenta de Twitter.
Es la práctica socialista, mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos. No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado ya que el principal responsable HUYÓ, añadió.
Su relato no coincide con los hechos. En medio de la convulsión política y una revuelta policial, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, "sugirió" a Morales que "renuncie". El presidente abandonó el país. Primero fue a México y luego a Argentina. Kaliman deberá sentarse en el banquillo de los acusados, lo mismo que el general Sergio Orellana, quien lo sucedió en el cargo y apoyó el programa represivo de las autoridades de facto que derivó en 36 muertes y más de 500 heridos durante las primeras protestas contra el golpe. El Gobierno cree que Orellana abandonó el país, lo mismo que el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, uno de los hombres duros del equipo de Áñez, al punto que festejó el hecho de salir a "cazar" a los colaboradores de Morales, es otro de los dirigentes buscados.
La acción judicial puede encontrarse con problemas al momento de presentar sus pruebas. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que los militares hicieron desaparecer documentación e información almacenada en ordenadores sobre los operativos de finales de 2019. "No existe al cien por ciento toda la información, es el primer dato. Al momento de irse los militares golpistas han limpiado huellas, documentación e información cibernética".
Rechazo opositor
Las órdenes de arresto han sido rechazada por el dirigente de centro derecha Samuel Doria Medina. A su criterio, el presidente Arce "comete un error al dejar que fiscales politizados compitan" en la persecución de los uniformados. Recordó en ese sentido que "las relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado".
El derechista Luis Fernando Camacho, otro de los artífices de la caída de Morales, también salió a criticar al Gobierno. "Presidente, deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia". Camacho acaba de triunfar en las elecciones regionales. Santa Cruz, la zona más próspera del país y donde es más intenso el rechazo al MAS, lo ha convertido en su principal autoridad.
