El Gobierno británico podrá seguir manteniendo en prisión, de manera indefinida y sin cargos, a los extranjeros de los que existen "sospechas razonables" de tener vínculos con el terrorismo internacional. El Tribunal de Apelación desestimó ayer el recurso de 10 sospechosos de terrorismo, que permanecen detenidos sin cargos desde diciembre del 2001 en la prisión de Belmarsh en Londres, conocida como "el Guantánamo británico", y en un psiquiátrico. Todos ellos fueron arrestados bajo la ley antiterrorista del 2001, aprobada tras el 11 de septiembre del 2001.

Sus abogados, que calificaron la decisión del tribunal de "espeluznante", alegaron en el recurso que los arrestos se basaron en información obtenida a través de métodos de tortura en Guantánamo. Para el abogado Gareth Peirce, el fallo de ayer demuestra que el Reino Unido "ha perdido el rumbo legal y moral".

En este sentido explicó que, con esta decisión, los jueces establecen que la información obtenida por agentes de otros países, sin la complicidad de la policía británica, puede utilizarse sin ningún tipo de restricción y no es obligatorio por parte del Gobierno investigar sus orígenes.

El ministro de Interior, David Blunkett, se congratuló del fallo y explicó que la ley antiterrorista se aprobó "en respuesta a un estado de emergencia" y con el fin de que el Gobierno "pueda afrontar plenamente su obligación principal: proteger la seguridad nacional".

INTRINSECAMENTE DISCRIMINATORIA La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento británico, formada por todos los partidos, pidió la revocación de algunas partes de la ley antiterrorista del 2001 por ser "intrínsecamente discriminatorias" ya que sólo se aplican a extranjeros. La comisión instó al ministro de Interior a que pusiera fin de manera urgente al internamiento indefinido de aquellos extranjeros sospechosos de terrorismo que no hayan sido juzgados.

La comisión aportó los datos de una investigación sobre las medidas legales adoptadas internacionalmente a raíz del 11 de septiembre, que revelaba que ningún otro país, salvo Estados Unidos, había derogado o "eliminado" sus compromisos con los derechos humanos. Estados Unidos es el otro único país que permite la prisión indefinida sin cargos. El informe de la comisión parlamentaria concluía que es posible afrontar la amenaza terrorista por medio de acciones judiciales ordinarias.