La crisis política que vive Venezuela desde hace mes y medio se está trasladando desde las calles hacia las instituciones, lo que amenaza con agravar la difícil situación de gobernabilidad del país sudamericano. El martes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó a 12 meses de prisión al alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a quien además destituyó de su cargo por considerar que había incumplido con un amparo constitucional acordado por ese mismo juzgado que le obligaba a eliminar las barricadas colocadas por los ciudadanos en las calles durante las protestas en contra de las políticas del presidente Nicolás Maduro.
Los abogados de Ceballos denunciaron que el juicio violaba los principios jurídicos del debido proceso y del derecho a la defensa. Pero no se mostraron sorprendidos por la decisión por considerarla idéntica a la que el mismo tribunal emitió la semana anterior en contra de Enzo Scarano, alcalde de San Diego, en la ciudad de Valencia.
Expertos juristas alertaron de que en estos dos casos la Sala Constitucional actuó como un tribunal penal sin tener atribuciones para ello y que la decisión afectó de manera irreversible (no puede ser apelada) a un cargo electo por medio del voto popular.
La oposición cuestionó que la Sala Constitucional quisiera obligar a los alcaldes a quitar unas barricadas que la propia Guardia Nacional Bolivariana, que es la que tiene las atribuciones y el equipamiento para ejercer funciones de orden público, no ha podido eliminar.
Mensaje del oficialismo
Ceballos y Scarano son alcaldes de dos de los municipios donde las llamadas 'guarimbas' --protestas callejeras con barricadas-- han tenido mayor intensidad, por lo que con la sanción el oficialismo envía un mensaje al resto de los dirigentes de oposición y a los manifestantes para que desactiven las protestas.
La arremetida en contra de la oposición también se evidenció en la Asamblea Nacional, donde la mayoría oficialista despojó de su condición de parlamentaria a la diputada María Corina Machado. El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, la acusó de violar la Constitución al aceptar formar parte de la delegación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), adonde ella acudió la semana pasada para denunciar la represión por parte del Gobierno de Maduro.
Traición a la patria
Para impedir que Machado hablara ante ese foro, Venezuela y sus aliados de la región lograron aprobar mociones para que la reunión de la OEA fuera privada y para sacar el tema de Venezuela de la agenda.
Ante esto, el Gobierno de Panamá optó por incluir a Machado como "representante alterna" de su misión para garantizar que pudiera hablar ante los embajadores. Esa acción equivale, según Cabello, a una renuncia de Machado a su condición de parlamentaria. Ahora, además, el chavismo quiere juzgarla por traición a la patria.
