La justicia filipina ha emitido una orden de arresto contra Imelda Marcos tras condenarla por corrupción. La cárcel es una posibilidad cercana más de tres décadas después de que una revuelta popular la obligara a huir junto a su marido, el fallecido dictador Ferdinand Marcos. Ambos esquilmaron el país, pero la resucitada estirpe política había sobrevivido hasta ahora a 400 causas judiciales.
Un tribunal ha sentenciado a Imelda a penas de entre seis y once años por cada uno de los siete cargos de corrupción que cometió desde su cargo de gobernadora de Manila en los años 70. Son siete transferencias a cuentas bancarias suizas que suman 200 millones de dólares provenientes de las arcas públicas. El proceso judicial se había eternizado durante dos décadas hasta la resolución de ayer.
La sentencia satisfizo a los defensores de derechos humanos. Había sido condenada en 1993 por corrupción, pero el Tribunal Supremo anuló poco después aquel fallo. Ni Imelda ni sus abogados se personaron ayer a la lectura de la sentencia y el tribunal ordenó su arresto. La condena le impide seguir ocupando cargos públicos, pero su apelación, que se da por segura, le permitiría conservar su asiento en el parlamento hasta que termine su mandato el próximo año.
Ferdinand, que gobernó Filipinas durante 21 años, dictó la ley marcial en 1972 que le permitió encarcelar, torturar y asesinar a miles de críticos. Fue nombrado en el 2004 el segundo líder más corrupto de todos los tiempos por la Organización de Transparencia Internacional, solo superado por el indonesio Suharto. El matrimonio robó a espuertas en uno de los países más pobres del continente. Su sucesora, Cory Aquino, creó una comisión para recuperar toda la riqueza robada por el matrimonio. Los 2,24 mil millones de dólares conseguidos son una minucia comparados con los diez mil millones totales.
Marcos murió en Hawai en 1989 e Imelda regresó a Filipinas para desempeñar una fructífera carrera política.
