El Gobierno de Kenia ha dado un plazo de catorce días al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el cierre de dos de los campamentos de refugiados más grandes del mundo, citando motivos de seguridad. Los dos campos suman cerca de 400.000 personas. Según las informaciones recogidas por el diario keniano 'The Standard', el ministro del Interior, Fred Matiangi, ha enviado una orden a la representante del organismo en Nairobi, Fazia Abdalla, para reclamar el cierre de los campamentos de Dadaab y Kakuma.
La oficina de ACNUR en Kenia ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que "ha sido informada por las autoridades kenianas de su intención de cerrar los campamentos" y ha agradecido a las autoridades de Nairobi por "acoger generosamente a los refugiados y solicitantes de asilo durante varias décadas", si bien ha expresado su "preocupación" por "el impacto de esta situación" sobre la protección de los refugiados, especialmente ante la pandemia de coronavirus.
"Continuaremos nuestro diálogo con las autoridades kenianas sobre este asunto. Pedimos al Gobierno de Kenia que garantice que toda decisión permite soluciones sostenibles y adecuadas y que los que siguen necesitando protección puedan recibirla", ha añadido. Por último, ha hecho hincapié en que "ACNUR sigue preparado para dar apoyo al Gobierno de Kenia a la hora de continuar y fortalecer aún más el trabajo en marcha para encontrar soluciones ordenadas, sostenibles y que respeten los derechos de los refugiados".
Mayoría somalís
El campamento de Dadaab fue abierto en 1991 y acoge a más de 200.000 personas, la mayoría de ellas somalís, mientras que el de Kakuma, que abrió sus puertas en 1992, es gestionado conjuntamente por las autoridades kenianas y ACNUR y aloja a cerca de 190.000 personas.
El Ejecutivo de Kenia ha pedido en varias ocasiones el cierre de Dadaab argumentando que en el mismo había infiltrados miembros del grupo yihadista Al Shabaab, que opera principalmente en Somalia y mantiene lazos con Al Qaeda, si bien el Tribunal Supremo impidió en 2017 su cierre. Así, el tribunal indicó que el Ministerio del Interior se había extralimitado en sus funciones al ordenar la clausura del campamento --que llegó a albergar a más de 580.000 refugiados en 2011-- y declaró inconstitucional la repatriación a Somalia de los refugiados.
