Los relatos de las víctimas estremecen. He sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor". Con una gravedad infrecuente, y el llamamiento a no vivir "nunca más" y a no negar "nunca más" lo ocurrido, el presidente chileno, Ricardo Lagos, hizo público el domingo el informe sobre la tortura y la prisión que afectó a unas 28.000 personas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90). Las víctimas tendrán una reparación "moral y económica". El Estado se gastará 2.100 millones de dólares.

Lagos se tomó casi dos semanas para leer en absoluta soledad el informe que le entregó la Comisión Nacional sobre la Tortura, que había presidido el obispo Sergio Valech. Ni sus más inmediatos colaboradores tuvieron acceso a esas 300 páginas. El mandatario, al comunicar su contenido, fue categórico: "La prisión política y la tortura fueron una práctica institucional del Estado", dijo. Y aseguró que el informe no busca reavivar rencores ni divisiones en la polarizada sociedad chilena, sino fortalecer la convivencia.

Bajo el peso del informe, el Gobierno, dijo, promoverá "medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas". Entre ellas se encuentra un proyecto de ley que establece una pensión mensual de unos 130 dólares y un acceso "preferencial" a la educación, salud y la vivienda.

SIN OFENSAS Estas medidas, subrayó por otra parte Lagos, "no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas". El informe refuta el principal argumento con el que la dictadura justificó la represión, al descartar de plano la tesis de que Chile vivió una "guerra interna". A su vez sostiene que el Tribunal Supremo "se desentendió" de las violaciones de los derechos humanos, y la prensa "presentó las labores de represión como cruzadas contra la delincuencia, denigrando así a las figuras opositoras mediante su presunta asociación con acciones delictivas".

La contundencia del informe obligó al Ejército a adelantarse a su divulgación y a formular semanas atrás una histórica autocrítica. "Asumimos la verdad del pasado", reiteró ayer su jefe, el general Juan Emilio Cheyre. La Unión Democrática Independiente (UDI), el partido más importante de la derecha, formado durante la dictadura, también tuvo que hacer su mea culpa . "Chile tiene que hacer el duelo de estos dolores, y buscar entenderlos, si es que se puede", dijo Hernán Larraín, quien a su vez, es presidente del Senado.

Aunque la coordinadora de ex- presos políticos valoró el informe Valech, opinó que es "parcial", porque las 28.000 víctimas probadas por la comisión son apenas el 10% de las torturas que se cometieron en 13 años. Los comunistas, en tanto, lo calificaron de "insuficiente".