Un verdadero rosario de desgracias golpearía de lleno sectores empresariales y la vida cotidiana de los británicos, en caso de que no se alcance un acuerdo sobre el brexit. El nuevo paquete de advertencias publicado ayer por el Gobierno británico reconoce que el Reino Unido no podría seguir vendiendo automóviles con destino a la Unión Europea.

«En el caso de que no haya acuerdo, el tipo de aprobación emitido en el Reino Unido no será ya valido para ser venderse o registrarse en el mercado de la UE», señala el documento del Gobierno. «Las manufacturas afectadas necesitarán asegurarse de que tienen el tipo apropiado de aprobación en cada mercado». Las navieras deberán proporcionar información de seguridad con antelación, para que sus barcos puedan entrar en los puertos de la UE. Esa obligación, de a que ahora están exentos, podría incluir los datos de los pasajeros en ferris y cruceros.

Pasar las vacaciones en el extranjero será más complicado y costoso. Millones británicos deberán renovar el pasaporte si este caduca en un plazo menor a seis meses. Además, perderán de golpe el actual reconocimiento muto con la UE del carnet de conducir. Los que quieran viajar al continente pueden necesitar un permiso de cada país por el que deseen transitar. El problema es especialmente grave para los 11.600 camioneros que cada día cruzan el Canal de la Mancha.

Otra pesadilla en ciernes es la reintroducción del roaming de los teléfonos móviles, un coste extra, a veces disparatado, cuando se llamaba o se utilizan datos y mensajes desde el extranjero, suprimido por la UE en el 2017. La avalancha previsible de papeleo, burocracia, posibles retrasos y costes es inmensa. El ministro para el brexit, Dominic Raab, trató de suavizar el golpe. «Vodafone y Three han dicho que no introducirán ningún roaming a los consumidores que viajen al continente. Queremos que otras compañías hagan lo mismo, pero en todo caso vamos a legislar para limitar las tarifas por roaming».

La divulgación de estas nuevas 28 «notas técnicas», vienen a sumarse a las 25 ya publicadas el pasado mes. Aquellas se referían a restricciones y nuevas cargas en las operaciones de los servicios financieros, o las compañías farmacéuticas. Algunos empresarios han advertido que sus negocios sufren ya las consecuencias de la mala manera en que el gobierno lleva a cabo a negociación con Bruselas.

Por ejemplo, a las quejas del patrón de Jaguar se unió el de la cadena nacional de grandes almacenes y supermercados John Lewis, con unos 85.000 empleados, que ha visto sus ganancias desvanecerse en los primeros seis meses de este año, con una caída del 99% en sus ingresos, con respecto al 1.2 millones de libras obtenidas en el mismo periodo del año 2017.