Abogados defensores de los derechos humanos han puesto en marcha la primera ofensiva legal para lograr la libertad de nueve extranjeros detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba). Su acción está amparada por el Tribunal Supremo de EEUU, que la semana pasada decidió que los casi 600 prisioneros de la base tienen derecho a pedir la revisión de su caso ante los tribunales estadounidenses para dejar atrás el limbo legal en el que se encuentran.

Las apelaciones, presentadas el pasado viernes en Washington, "marcan el inicio para hacer cumplir lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado como una vía para que se haga justicia", manifestó Jeffrey Fogel, director del departamento legal del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York. El CCR representa a 53 detenidos.

CUESTION DE EXCESOS Para esta entidad, que tiene previsto organizar una "delegación de abogados" para la asistencia legal de sus clientes, el Gobierno de Estados Unidos "se ha excedido en la autoridad constitucional otorgada al Ejecutivo". La detención indefinida de los presos, además de "arbitraria e ilegal", viola la Constitución y el derecho internacional, según argumenta el CCR.

Para el CCR, "el primer paso es que el Gobierno responda" a esta apelación en favor de dos ciudadanos británicos, tres franceses, un turco-alemán, un refugiado jordano-palestino, un iraquí y un canadiense. La Administración de Bush, que sufrió un fuerte revés político con la decisión del Supremo, aún no ha decidido cómo hacer frente a este fallo.

UN TEMA COMPLICADO "Vamos a obedecerlo, pero seguimos discutiendo cómo lo haremos, porque es un tema complicado", señaló Michael Shavers, portavoz del Pentágono, en referencia a que la sentencia del Supremo no especifica los procedimientos que debe seguir la Casa Blanca. Sin embargo, los grupos de derechos humanos sólo contemplan dos opciones: que el Gobierno de George Bush justifique las detenciones con argumentos legales o que deje a los presos en libertad, en caso de que no pueda aportar pruebas.

En este sentido, las autoridades militares manifestaron el jueves que no descartan la posibilidad de dejar en libertad a algunos detenidos, siempre y cuando se determine que no suponen un peligro para la seguridad nacional. La mayoría de los presos de Guantánamo, procedentes de 40 países, están en la base desde hace más de dos años sin tener acceso a un abogado, sin recibir visitas y sin cargos formales en su contra. Además, muchos de ellos desconocen todavía la decisión del Supremo.

De forma paralela a este fallo, el Pentágono ha decidido iniciar un programa de evaluación anual de cada caso que se une a la celebración, prevista para finales de este año, de los primeros juicios militares en Guantánamo.

Por otra parte, y según publicaba ayer el periódico The Washington Post , el Departamento de Justicia está presionando a la CIA para que haga públicos los métodos utilizados en los interrogatorios a algunos integrantes de Al Qaeda autorizados por la Administración de Bush. Fuentes del departamento consideran que su divulgación pondrá fin a la percepción pública, según ellos errónea, de que las técnicas utilizadas rayaron en la tortura.