Tras un periodo de intensa actividad diplomática que le ha permitido asentar su imagen internacional, Emmanuel Macron entra en una zona de peligro. Septiembre marcará el pulso del presidente con la realidad doméstica y es posible que las crisis surjan donde menos se esperan, como el inédito encontronazo con las Fuerzas Armadas a raíz de los recortes presupuestarios anunciados para 2017. La agenda política interna pondrá a prueba la capacidad del jefe del Estado para imponer sus reformas.

Una de las principales batallas la librará Bercy, sede del Ministerio de Economía, para obligar al resto de departamentos a rebajar el gasto público en 4.500 millones de euros este año y 20.000 millones en el 2018 con el objetivo de situar el déficit en el 3% que exige Bruselas. Otras batallas se librarán en la calle con el telón de fondo de la reforma laboral que el Gobierno aprobará mediante ordenanzas antes de que finalice el verano.

Para dinamizar la economía francesa y rebajar el paro que hoy está en el entorno del 10%, Macron prometió flexibilizar el mercado laboral en los primeros meses de su mandato. Pero tocar el código laboral francés es siempre una operación arriesgada y los sindicatos, que han convocado una primera manifestación el 12 de septiembre, tendrán a su lado a la Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon.

Un tercer foco explosivo es la fiscalidad. En un intento por lograr la cuadratura del círculo, Macron pretende a la vez ajustar las cuentas y aliviar la presión impositiva, un ejercicio de equilibrismo que tropieza a menudo con la realidad. El Gobierno ha visto ya el escándalo provocado por la decisión de reducir en cinco euros al mes las ayudas personales para la vivienda, medida que afecta sobre todo a los estudiantes.

“Lo ideal sería combinar una reforma ambiciosa del mercado laboral con una política presupuestaria expansionista para que el efecto neto sobre el crecimiento sea positivo. Pero el obstáculo a esta estrategia es bien conocido: el candidato Macron se comprometió a reducir el déficit estructural de Francia por razones evidentes de credibilidad”, analizan en el Instituto Montaigne.

ESTADO DE EMERGENCIA CRÓNICO

En otro terreno resbaladizo, el de la lucha contra el terrorismo, el Gobierno se dispone a incluir en el ordenamiento jurídico común muchas de las disposiciones del estado de emergencia, para poder salir de este régimen especial vigente desde los atentados del 2015.

Eso implica que los diputados tendrán que aprobar un proyecto de ley que levanta ampollas en la Liga de los Derechos Humanos porque deja en manos del Ministerio del Interior la potestad para aplicar las medidas más restrictivas sin un control judicial. “Francia entrará de manera permanente en un régimen de excepción”, lamenta la asociación.

REBELIÓN EN SUS FILAS

Un nuevo frente imprevisto se abre también en las filas de la hasta ahora dócil formación del presidente. Una treintena de militantes han llevado a los tribunales los estatutos de La República en Marcha (LREM) para denunciar una falta de democracia interna.

El colectivo, bautizado con el nombre de La Democracia en Marcha, dice contar con el apoyo de 600 comités locales de los 3.200 que tiene el movimiento del presidente. En otoño, el impacto de Macron con la atmósfera terrestre puede ser brutal.