El presidente francés, Emmanuel Macron, firmó ayer en su despacho del Elíseo la nueva ley antiterrorista que permitirá abandonar formalmente mañana, 1 de noviembre, el estado de emergencia bajo el que vive Francia desde los atentados de París del 13 de noviembre del 2015, en los que murieron 137 personas y más de 400 resultaron heridas. «Esta ley permitirá salir del estado de emergencia garantizando plenamente la seguridad de nuestros ciudadanos», dijo Macron en una breve alocución ante las cámaras rodeada de solemnidad.
Minutos después, fue el ministro del Interior, Gérard Collomb, el encargado de desgranar los principales artículos de un texto que las asociaciones de defensa de derechos humanos consideran que perpetúa en la práctica el estado de emergencia, al trasponer al derecho común muchas de las medidas contempladas en ese régimen de excepción.
Entre los puntos más controvertidos figura el poder otorgado al Ministerio del Interior y a los prefectos (delegados del Gobierno) para ordenar arrestos, cerrar lugares de culto o realizar controles de identidad cerca de las fronteras sin la autorización previa de un juez.
La nueva ley amplía el perímetro de los arrestos domiciliarios. A partir de ahora, los individuos sometidos a vigilancia podrán moverse por un espacio no inferior al territorio de la comuna, de manera que puedan seguir con su vida familiar y profesional. Como ocurre bajo el estado de emergencia, se les podrá obligar a presentarse periódicamente ante la policía a menos que acepten llevar un brazalete electrónico.
REGISTRO ADMINISTRATIVO / Otra disposición heredada del estado de emergencia es la posibilidad de que los prefectos ordenen un registro administrativo. En la nueva ley será necesaria, no obstante, la autorización previa de un juez de libertades y estar motivado únicamente para prevenir un acto terrorista.
El primer artículo del texto se refiere a la potestad de los prefectos para establecer perímetros de seguridad, controles de acceso, cacheos y registro de efectos personales en grandes acontecimientos culturales o deportivos. Si en el estado de emergencia bastaba una amenaza al orden público, ahora se requiere una amenaza terrorista fundada.
El Gobierno también podrá cerrar lugares de culto en los que se llame a la violencia, el odio o la discriminación o se haga apología del terrorismo. Su clausura se hará bajo control de un juez administrativo durante un máximo de seis meses. Actualmente, 11 lugares de culto permanecen cerrados, informó el ministro Collomb.
También se modifica el código de seguridad interior para tomar medidas en caso de detectarse signos de radicalización en funcionarios.
