"Chile es un país tranquilo, pero no cabe duda de que hay personas que han agredido a inocentes y tienen que estar en la cárcel", dijo la presidenta Michelle Bachelet sobre el atentado en el metro de Santiago que provocó 14 heridos en la tarde del lunes. "Este Gobierno va a estar hasta el último día para que estas personas estén tras las rejas lo antes posible, ese no es solo un objetivo de este ministro del Interior ni del Gobierno, sino del Estado de Chile y eso debe movilizar a todas las fuerzas políticas”, advirtió Bachelet.

La mandataria visitó la Clínica Las Condes, donde fueron internados algunos de los heridos y luego mantuvo reuniones de urgencia con sus más inmediatos colaboradores hasta altas horas de la noche. Bachelet se enteró entonces de que su madre, Ángela Jeria, estaba presente en el subcentro de la estación de Metro Escuela Militar en el momento que explotó la bomba. "Ella estaba comprando en el lugar junto al personal policial de seguridad que siempre la acompaña", reveló el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El Gobierno de Nueva Mayoría, la coalición que integran socialdemócratas, demócratacristianos y comunistas, reaccionó de inmediato ante las inéditas circunstancias: invocó la ley antiterrorista, desplegó a las autoridades del Ejecutivo en el lugar de los hechos y a los distintos centros de salud y convocó a los comités policiales y de seguridad, que este martes seguirán analizando, con la presencia de Bachelet, los caminos para escalarecer el atentado. Las pericias se vienen realizando bajo la más absoluta reserva. "Los resultados deben estar lo más rápido posible", dijo Peñailillo.

Fuentes de la investigación citadas por la prensa consignaron, no obstante, que las características del artefacto colocado en el metro son similares a los empleados en otros atentados en otra estación de la red de transporte y en varias comisarías.

"Estamos tomando medidas preventivas, todas las que sean necesarias", dijo Bachelet, y llamó a la calma. "Lo que ha sucedido hoy es horrible, tremendamente condenable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro, y vamos a trabajar como Gobierno, y todas las instituciones para que todos los que vivimos en nuestra patria puedan saber que vamos a trabajar para protegerlos".

El atentado se ha producido el mismo día en el que el Gobierno le pidió a los uniformados que estuvieron en servicio durante la dictadura pinochetista que entreguen información sobre los desaparecidos y en momentos que el Gobierno trata de reformar la ley antiterrorista, cuya matriz conceptual fue elaborada bajo el régimen militar. La enmienda de la norma apunta a modificar radicalmente el trabajo de los servicios de inteligencia. "Tenemos un problema con una ley que no está siendo eficiente", reconoció Bachelet.

El exfiscal Xavier Armendáriz, que años atrás trató de investigar una serie de atentados, aunque de menor calibre, consideró que "la estructura del delito terrorista es la base del delito común más una intención de causar temor y a lo que alude la señora presidenta, que ha sido un constante reproche de la ley es la dificultad de mostrar la intención de las personas, sobre todo cuando se les imputa de un solo hecho".

Mientras Santiago recuperaba la calma, los efectos del atentado se trasladaron a la política. El presidente de Renovación Nacional (RN-derecha), Cristián Monckeberg, pidió al Gobierno "actuar con contundencia" frente al hecho. "Tiene que atreverse a usar todas las alternativas legales para darle seguridad a los ciudadanos". El exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, también cuestionó las políticas en materia de seguridad de la coalición Nueva Mayoría. El ministro Peñailillo lamentó la utilización del atentado de la oposición. "Que haya personas, minutos después de un atentado como este, sacando provecho político de esto, eso tiene que ser rechazado por todo el país, que ya tengamos a actores políticos con la calculadora haciendo declaraciones indebidas", dijo.