Decenas de miles de personas se han manifestado frente al Parlamento de Hong Kong para exigir la eliminación de las reglas de extradición propuestas por el Gobierno. Esta nueva legislación permitiría enviar a personas a la China continental para un juicio, una medida que la población hongkonesa teme que ponga las libertades fundamentales de la ciudad en riesgo.

Los contrarios a la propuesta se muestran recelosos por la posible erosión de derechos y protecciones legales en el centro financiero de libre circulación. Estas libertades se garantizaron en el traspaso de la ciudad del dominio colonial británico a la soberanía de China en 1997.

Las cifras oficiales de la policía confirman que más de 22.800 personas marcharon en el momento de mayor afluencia de la manifestación, aunque la entidad organizadora afirma que fueron más de 130.000 manifestantes. En ese caso, esta se convertiría en una de las protestas más multitudinarias en la ciudad de los últimos años. Los miles de manifestantes iniciaron su marcha por las zonas comerciales y los centros financieros, y algunos de ellos se quedaron hasta la noche frente al Consejo Legislativo del país y a la sede del Gobierno.

CHINA, INJUSTA

"La gente de Hong Kong y los que visitan la ciudad van a perder su derecho a no ser extraditados a la China continental", ha afirmado Leung Kwok-hung, un veterano activista y exlegislador. "Tendrán que enfrentarse a un sistema legal injusto allí".

En plena campaña del Gobierno para animar a las juventudes a profundizar lazos con la China continental y promover los vínculos de Hong Kong con el sur del gigante asiático, algunos de los manifestantes más jovenes han confesado su preocupación a la hora de viajar al continente tras el anuncio de esta propuesta. El jurista Edward Wen ha dicho que la diferencia en la defensa de los derechos humanos entre los sistemas hongkonés y chino es demasiado grande para abarcarla.

Las protestas han exigido la dimisión de la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a la que acusan de "traicionarles". Algunos llevaban paraguas amarillos, el símbolo del movimiento pro-democrático que paralizó partes de la ciudad durante 11 semanas en el 2014. El anuncio de esta propuesta ha provocado una inusual preocupación conjunta que incluye desde las élites empresariales internacionales a grupos de abogados y pro-derechos. Incluso Christ Patten, el último gobernador británico en Hong Kong que entregó la ciudad a China en 1997, describió el movimiento como un "asalto a los valores, la estabilidad y la seguridad de Hong Kong".

VACÍOS LEGALES

La líder del Ejecutivo y otros representantes gubernamentales se mantienen firmes en sus propuestas, a las que consideran vitales para cubrir los vacíos legales del sistema hongkonés. Si sus ideas se convierten en realidad, Lam tendrá el derecho de ordenar la extradición de los delincuentes a China, Macau o Taiwán y a otros países que no están actualmente cubiertos por los tratados de extradición de la excolonia.

Desde el Gobierno, se ha afirmado que nadie bajo el riesgo de pena de muerte, tortura o crímenes políticos podría ser enviado desde Hong Kong. Además, como protección, estas extradiciones, que se revisarían caso por caso, podrían ser apeladas por el sistema legal de la ciudad. Estas propuestas podrían convertirse en ley a finales de año, con los representantes del movimiento prodemocrático sin suficientes escaños para bloquearlas.